Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Los empresarios de transporte discrecional de viajeros de Canarias han acordado en asamblea no atender las rutas de transporte escolar a los centros públicos de las islas el próximo lunes 9 de enero, en protesta por el retraso que atribuyen a la Consejería de Educación en los compromisos económicos que había adquirido con el sector.
Según ha informado la Federación de Empresarios del Transporte (FET) en un comunicado, las compañías del sector descartan ir endureciendo las medidas de presión en próximas fechas” si la administración no hace las gestiones necesarias para “desbloquear el colapso administrativo-económico” que perciben los servicios del transporte escolar.
“Hay que recordar que el presente curso escolar estuvo a punto de no comenzar con servicios de transporte por el enorme desfase económico existente entre el precio de lo contratado y lo que se viene abonando a los transportistas”, señala la FET.
La patronal precisa que, en ese momento, “una propuesta de la Consejería de Educación en cuanto al calendario de actualización económica permitió que el sector del transporte accediera a iniciar el curso escolar 2022-23 con normalidad en la confianza del cumplimiento de lo comprometido”.
“De la información recibida de la Administración se desprende que no se sabe cuándo se van a poder regularizar los conceptos económicos de los contratos de transporte escolar y ni siquiera se ha formalizado un documento de reconocimiento de deuda que permita a las empresas transportistas acudir a productos financieros con la garantía de la deuda pendiente”, añade.
Según la FET, en la actualidad están en vigor cuatro contratos de transporte escolar en Canarias respecto de los que Educación se había comprometido a actualizar los módulos económicos sin que ninguno de ellos haya recibido tal incremento y respecto a 2023 tampoco han recibido garantías de que se actualizarán los precios atrasados.
La patronal acusa además al Gobierno de Canarias de “adeudar desde hace diez años a los transportistas la clausula de IPC recogida en los contratos por un importe de unos 14 millones de euros”.
“El compromiso de liquidación de este IPC histórico comprendía el abono en tres plazos: 2022, 2023 y 2024. El tercio de la deuda correspondiente a 2022 no se ha liquidado y ni siquiera se conoce con cargo a qué partida se podría liquidar”, asegura. EFE
