Granada, (EFE).- Los órganos judiciales ingresaron el año pasado 1.254.304 asuntos -un 4 % más que el anterior- en Andalucía, que vuelve a situarse entre los niveles más altos de litigiosidad en España. Con 149,6 asuntos por mil habitantes, la segunda más elevada del país después de Canarias.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia andaluz (TSJA), Lorenzo del Río, que ha presentado este miércoles la memoria anual de actividades y funcionamiento del alto tribunal andaluz correspondiente al 2022, ha advertido de la sobrecarga “innecesaria” de los juzgados. Lo que está propiciando una justicia “al borde del colapso”, lo que debe ser a su juicio objeto de reflexión parlamentaria.
La tasa de litigiosidad, superior en un 6 % a la media estatal, “va a impedir un año más que la justicia esté en niveles óptimos” porque el número jueces de la comunidad sigue siendo insuficiente para afrontarla, según Del Río. Añade que esta circunstancia está propiciando problemas estructurales que pueden derivar en un “colapso de la administración de justicia”.
Un total de 1.248.463 asuntos en 2022
Durante 2022, los órganos judiciales resolvieron algo menos que los asuntos ingresados. En concreto, 1.248.463, prácticamente los mismos que el año anterior (0,7 % más), y quedaron pendientes al final del año un total de 643.622.
Pese a ello, la carga total de trabajo, es decir los asuntos que se registran más los pendientes de años anteriores, son superiores a los asuntos que se resuelven. Lo que impide mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos.
Del Río mantiene que “es difícil, por no decir imposible”, acabar con la pendencia de los órganos judiciales andaluces con los actuales recursos personales y el “defectuoso” sistema organizativo. Por lo que considera imprescindible contar con nuevas plazas judiciales, en concreto 19 de órganos colegiados y 67 de juzgados unipersonales.
El mayor aumento de asuntos se ha dado en las jurisdicciones civil y penal. Con un 7 y 4 % respectivamente, -en el primer caso siguiendo la tendencia de los últimos años derivada de las cláusulas suelo. Mientras que se mantuvo en la social (-0,7 %) y disminuyó significativamente la contencioso-administrativa (-16 %).
La memoria vuelve a incidir en la falta de modernización del poder judicial y en la necesidad de replantear la organización de la oficina judicial y sus recursos personales. “Que en estas circunstancias, la Justicia se perciba como lenta y poco eficiente, sólo responde a la realidad”, señala.
Aspectos estructurales
Pese a los anuncios para modernizar y transformar la justicia a través de aspectos organizativos, procesales y tecnológicos, “nada se ha materializado” durante el año pasado, según Del Río. Apuesta por mecanismos que permitan agilizar la justicia como simplificar los procesos o potenciar las sentencias orales.
En su opinión, la litigación masiva y el incremento exponencial de asuntos en algunos órdenes jurisdiccionales y otros aspectos estructurales como la modernización tecnológica “hacen ineludible el viraje prometido hacia una justicia ágil, efectiva y digital”. Y se ha preguntado si la base sostiene el edificio, porque “los cimientos se están resintiendo”.
Del Río ha dicho que, aunque no quieren “predicar en el desierto”. La situación debería llevar a los grupos parlamentarios a que se pusieran de acuerdo en un gran pacto de Estado por la Justicia. Porque si no un día la justicia “colapsará”.
La memoria repasa también otras cuestiones como los relacionados con los juzgados de violencia sobre la mujer. Que ha registrado un 14 % más de denuncias. O con la violencia sexual entre menores de 14 años. Un fenómeno “preocupante” que los psicólogos atribuyen, junto a otras causas, a la fragilidad de los controles y acceso al sexo. EFE
