Sevilla, (EFE).- Técnicos de la Junta de Andalucía que trabajaron durante el vertido de la mina de Aznalcóllar en 1998 han confirmado en el juicio sobre la reclamación de casi 90 millones de euros a Boliden, que “todas” las actuaciones de la Junta estaban motivadas por el vertido, pese a la percepción de la empresa de que se infla el coste.
En la primera de las cuatro jornadas previstas han comparecido como testigos el que fuera jefe de Gabinete de la Consejería de Medio Ambiente Juan López Domeq. El excoordinador de la Oficina de Restauración creada ante el vertido en 1998, Javier Serrano Aguilar. Y el exmiembro de la Oficina Técnica de la Consejería José María Arenas.
El juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha iniciado este martes un juicio que continuará los próximos días 6, 11 y 13. Y ha contado en esta jornada con la declaración de tres de los doce testigos y un perito previstos. En el proceso abierto contra las tres empresas que forman parte de Boliden (Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV).
El juicio, presidido por el magistrado de lo civil José Manuel Martínez y que ha causado gran expectación mediática, se produce 25 años después del desastre ecológico. Y trata de dilucidar la reclamación de 89.867.545 euros por parte de la Junta a Boliden.
Actuaciones necesarias
El entonces jefe del Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y coordinador de la Oficina de Restauración creada en el momento del vertido, Javier Serrano Aguilar, ha asegurado, a preguntas de las partes, que todas las actuaciones acometidas por la Junta estuvieron “motivadas” por el vertido.
Serrano Aguilar, que dirigió la Oficina hasta noviembre del 2000, ha dicho que dichas actuaciones del Gobierno andaluz “fueron necesarias”. Y que el objetivo de la Administración fue variando con el paso del tiempo.
Según el técnico, lo primero fue retirar los lodos procedentes de la mina y devolverlos a sus propietarios. Para que continuaran con su actividad agrícola. Pero, una vez comprobado que “no era posible” que la contaminación desapareciera totalmente, se decidió la restauración.
Los terrenos entonces ya no tenían capacidad agrícola pero tampoco “se podían dejar desnudos”. Porque la erosión habría arrastrado la contaminación que “aún quedaba” hacia el Parque Nacional y el estuario de Doñana. Por lo que se procedió a realizar una “revegetalización” con vegetación forestal similar a las que había en otros ríos.
El extécnico -ya jubilado-ha recordado que las dimensiones de la rotura de la balsa -que vertió cinco millones de metros cúbicos de lodo que llegaron al entorno de Doñana, donde hubo 37 toneladas de peces muertos y se vieron afectadas 4.400 hectáreas- no tenía precedentes históricos. Por lo que la Junta tuvo que “innovar” en su actuación.
Una descontaminacion global de la zona
Pese a que la línea argumental de la defensa de Boliden, representada por los abogados del bufete Uría y Menéndez, era la que la Junta ya tenía programada antes del vertido la creación del Corredor Verde, el testigo lo negó. Y defendió la necesidad de proceder a una “descontaminación global” de la zona.
A su juicio, la dimensión de la catástrofe no solo fue medioambiental sino que repercutió también en la actividad económica. Concretamente en unas 3.000 hectáreas de terrenos agrícolas, una situación que hizo que se expropiaran y que perdieran su vocación agrícola y también la turística.
El extécnico de la Junta ha admitido que se necesitaba un proyecto que “superara” el impacto del vertido. Pero ha señalado que la zona sigue “pagando las consecuencias” del desastre. Y ha asegurado que todas las actuaciones se hicieron con fondos de las administraciones autonómicas y nacionales. Porque la Unión Europea se negó, ya que argumentaba que las consecuencias debería afrontarlas la empresa minera.
“Cuando se planteó la restauración de la zona, Boliden ya se había quitado del medio”, ha declarado Serrano. Quien ha advertido de que esta actitud contrastó con la colaborativa que tuvo en un primero momento la minera sueca. Debido, en su opinión, a que estaba pendiente de una nueva concesión por parte de la Junta.
El Corredor Verde
Previamente declaró el que fuera jefe de gabinete de la Consejería de Medio Ambiente entre 2000 y 2004, Juan Antonio López. Quien ha defendido la actuación “integral” de la Junta en la restauración de la zona después del vertido tóxico.
López ha recibido las primeras alusiones por parte de la defensa sobre el Corredor Verde creado a raíz del desastre. Y ha señalado que este proyecto estuvo “íntimamente unido” a la restauración de la zona. Y era “necesario” porque no se podía hacer una restauración estética.
Negó también que el Corredor Verde fuera planteado antes de la rotura de la balsa, en la misma línea de Serrano y de José María Arenas, según el cual las actuaciones de la Junta no fueron “más allá” de los propios efectos del vertido.
Arenas ha recordado que con el vertido se pusieron en crisis numerosas actividades comerciales como el arrozal o el fresón de Huelva, así como los recursos pesqueros y las reservas turísticas, y ha advertido de que la restauración, lejos de acabar entonces, propició sacar a un herido “de la muerte” para convertirlo en “un enfermo crónico”. EFE
