Ginés Donaire I Jaén, (EFE).- Jaén es la única provincia andaluza donde no es posible abortar ni en la sanidad pública ni en la privada. “Tuve que coger mi coche y desplazarme a Sevilla, a más de 300 kilómetros, a una clínica privada sin más ayuda que la de mi familia”, señala a EFE Laura Lendínez, una de las cientos de mujeres que en los últimos años se han visto obligadas a salir de su provincia para poder abortar.
El calvario sufrido por Laura Lendínez empezó en 2013. Y desde entonces no ha logrado borrar las secuelas, físicas y psicológicas, que le produjo el hecho de verse forzada a irse de su tierra para poder abortar.
“Recuerdo que rompí aguas en una sala de espera de una clínica. Y que la Seguridad Social se desentendió de mí por completo”, señala esta mujer de 42 años. Una de las más de 4.000 mujeres de toda España que cada año se ven obligadas a viajar a otra provincia para realizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Incumplir la Ley Orgánica
Según el Ministerio de Sanidad, una docena de provincias españolas no comunicaron ningún aborto el pasado año. Concretamente Jaén, Huesca, Teruel, Cuenca, Toledo, Guadalajara, Palencia, Ávila, Segovia, Soria y Zamora. Además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Lendínez se vio obligada a abortar cuando le diagnosticaron el ´síndrome de Edwards’. Una malformación que le daba muy poca esperanza de vida para su bebé.
“Es lamentable que se lleven más de 12 años incumpliendo una Ley Orgánica. Y también que ninguna administración haya tomado las medidas necesarias en el ámbito de sus competencias para revertir la situación”, se queja Juana Peragón, portavoz del Movimiento Feminista 8M. Que lleva años denunciando, sin éxito, la discriminación que sufren las mujeres de esta provincia.
La consejera andaluza de Salud y Consumo, Catalina García, señaló en abril en el Parlamento autonómico que “en un plazo muy corto de tiempo” las mujeres jiennenses que lo deseen podrán abortar en la sanidad pública andaluza. Y para ello se empezará por un hospital de referencia en cada provincia.
Sin embargo, Juana Peragón, del Movimiento 8M, dice que llevan dos meses esperando que la consejera las reciba. Y lamenta que la situación siga igual, pese a las declaraciones de García.
La objeción de conciencia
De igual modo, los movimientos feministas reprochan el incumplimiento que se está haciendo del registro para profesionales que aleguen ser objetores para practicar abortos. “La objeción de conciencia no debe de situarse nunca por encima de los derechos de la mujer, como lo es el del aborto”, recuerdan desde el colectivo 8M.
Al mismo tiempo ven contradictorio que se destinen importantes subvenciones a entidades y asociaciones para apoyar a embarazadas y madres sin recursos. Pero en cambio no exista ningún programa de apoyo, asesoramiento y acompañamiento para las mujeres que optan libremente por practicarse una IVE.
“Parece evidente que la administración está cediendo a las presiones de los facultativos al no exigir que se cumpla ese registro”, señala Peragón. Y concluye: “Está claro que falta voluntad política para solucionar una demanda histórica”. EFE
