Sevilla (EFE).- La Fiscalía de Sevilla y la acusación particular han pedido prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad para la madre que secuestró a sus dos hijos, cuando tenían 12 y 14 años, para evitar que fuesen vacunados contra la covid y para ello se los llevó fuera de España.
La mujer será juzgada por dos delitos, uno de sustracción de menores y otro de abandono, en su vertiente de absentismo escolar, según el auto del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, al que ha tenido acceso EFE, donde se acuerda la apertura de juicio oral.
Cuando se celebre la vista oral, la mujer no estará sentada sola en el banquillo de los acusados, ya que la resolución judicial también afecta a su novio, acusado por los mismos delitos de sustracción de menores y otro de abandono.
La madre decide no vacunar a sus hijos
En el verano de 2021 la madre decidió “unilateralmente” no vacunar a los hijos de la covid y tampoco del resto de las vacunas ordinarias impuestas por la Seguridad Social por motivos que se desconocen, “pero coincidentes con la relación sentimental mantenida con el también encausado”, según el escrito acusatorio del fiscal, al que ha tenido acceso EFE.
Debido a ello, se inició un procedimiento ante el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla que terminó en octubre de 2021. Entonces le otorgaron al padre en exclusiva la facultad de decidir si los hijos debían o no vacunarse de la covid.
Para evitar que el padre los pudiera vacunar de la covid, el 4 de noviembre de 2021, sin comunicarlo al progenitor y sin autorización, la madre se trasladó a vivir con sus hijos menores al domicilio de su pareja sentimental en Jerez de la Frontera (Cádiz) y ya no permitieron que los niños vieran a su padre, solo autorizando alguna llamada aislada al mismo.
Dejaron de asistir al colegio
Los menores, pese a los requerimientos de sus profesores, dejaron de asistir al colegio “por decisión unilateral de su madre”, destaca el fiscal.
En diciembre de 2021, el Juzgado de Primera Instancia número 17 de Sevilla acordó suspender cautelarmente la guarda y custodia compartida y la atribuyó de forma exclusiva al padre, con suspensión de régimen de visitas a favor de la madre y, posteriormente, en otra resolución se acordó también la prohibición de la salida del territorio nacional, entre otros puntos.
Pese a las resoluciones judiciales, la mujer se marchó con sus hijos a Portugal. Allí fue trasladada por un amigo de la pareja y se alojaron en un apartamento tras las gestiones para el alquiler que realizó el novio de la mujer. Este “era el único conocedor del lugar donde se encontraba”, destaca la acusación pública.
Dos meses sin saber de sus hijos
El padre no pudo volver a comunicar con sus hijos a partir del 16 de diciembre de 2021 sobre las 21.11 horas. Y “en todo momento” el novio de la investigada afirmó no saber el paradero de su pareja sentimental ni de los niños. Y aseguró a la Guardia Civil que incluso habían dejado la relación semanas antes.
De la investigación se desprende que presuntamente el novio fue quien facilitó el domicilio a la mujer en Portugal. Fue desde el 17 de diciembre de 2021 y el 4 de enero de 2022 se personó allí. Entonces la trasladó posteriormente a Sevilla el 5 de enero de 2022.
La mujer se personó en los juzgados de Sevilla el 5 de enero de 2022 y una vez en dependencias judiciales se identificó y entregó a los niños. A partir de entonces ya siempre han permanecido con su padre, que tiene la potestad.
En el escrito de la acusación particular, al que ha tenido acceso EFE, se indica que el padre estuvo dos meses sin poder estar en compañía de sus hijos ni un solo instante. De los cuales diecinueve días ni siquiera tuvo noticias de dónde se encontraban. Ni de su estado de salud o ánimo, ni pudo contactar con ellos telefónicamente.
Debido a ello, el progenitor ha desarrollado un cuadro de ansiedad crónica, con crisis de pánico frecuentes, del que aún está en tratamiento.
Prisión e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad
El fiscal pide dos años de prisión para cada uno, mientras que la acusación particular eleva la petición a tres años por el delito de sustracción. Además de tres meses de cárcel por el delito de abandono de menores, en su vertiente de absentismo.
Las acusaciones también solicitan para la madre inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad. El fiscal pide cuatro años, petición que eleva la representación judicial del padre a siete años por el primer delito. Y cuatro años más de inhabilitación por el abandono en su vertiente de absentismo.
El abogado del padre de los menores, José Javier Toucedo, consultado por EFE tras la apertura del juicio oral se ha mostrado satisfecho. Y ha confirmado que el procedimiento sigue judicializado y el órgano competente para seguir el caso será un juzgado de lo penal. EFE
