Bruselas/Sevilla, (EFE).- La dura situación de sequía en Andalucía, con las reservas de agua en las cuencas al 20 %, y un impacto en la economía que casi alcanza ya los 4.300 millones (-2,1 % del PIB en 2023), han llevado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a pedir en Europa la activación del Fondo de Solidaridad para las “catástrofes naturales”.
El asunto lo ha puesto sobre la mesa el presidente andaluz en la reunión mantenida en Bruselas con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, máximo responsable de Pacto Verde, ante el que expone la necesidad de que las instituciones comunitarias integren la política de agua como uno más de sus ejes estratégicos, por su afección a las zonas del Sur.
¿Qué es el Fondo de Solidaridad de la UE?
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea permite ayudar a un Estado miembro o una región en sus esfuerzos por hacer frente a los daños provocados por una catástrofe natural grave o una emergencia grave de salud pública, como son las inundaciones, incendios forestales, terremotos, tormentas o sequías.
En el caso de “catástrofe natural regional”, donde la Junta considera que se puede incluir la sequía en Andalucía, el requisito para optar a la ayuda del Fondo de Solidaridad se encuentra en haber sufrido unos daños directos superiores al 1,5 % del PIB regional.
La activación del Fondo de Solidaridad debe hacerla el Estado, en este caso el Gobierno de España, y la ayuda llegaría después a Andalucía.
La intervención de este fondo complementa el gasto público del Estado beneficiario y se destina a financiar medidas de emergencia y recuperación esenciales que mitiguen los daños que, en principio, no sean asegurables.
El país debe presentar su solicitud, a través de las autoridades nacionales competentes, en un plazo de 12 semanas a partir de la catástrofe. En caso de catástrofe natural de desarrollo progresivo (como por ejemplo, la sequía), el plazo de solicitud mencionado comienza a partir de la fecha en que las autoridades públicas del Estado adopten las primeras medidas oficiales o a partir de la fecha en que hubieran declarado el estado de emergencia.
Una caída del PIB del 2,1 %
Según los datos que maneja la Junta de Andalucía, a los que ha tenido acceso EFE, se puede estimar un impacto global de la sequía en el PIB de la comunidad del -2,1 %, cifra resultante de considerar una caída del 13 por ciento el año pasado tanto en la producción del sector agrario como en la industria de la alimentación.
Cada diez puntos de caída de la producción agraria y de la industria agroalimentaria conjuntamente suponen 1,6 puntos menos de PIB.
El sector agroalimentario y las actividades más vinculadas al mismo tienen un peso en la economía andaluza en el entorno del 25 %, por lo que la cuarta parte de la economía andaluza está en mayor o menor medida expuesta a los efectos de la sequía, lo que resta capacidad de crecimiento a la región, según defiende el Ejecutivo andaluz.
La Junta resalta que la economía de Andalucía tiene un grado de exposición directa a la sequía mayor que el conjunto español, ya que casi se doblan los porcentajes del peso del sector primario y la industria en el valor añadido bruto y el empleo, y la tercera parte de las exportaciones internacionales de Andalucía son de productos alimenticios, prácticamente el doble que en España.
Además, se prevén caídas generalizadas en la producción agrícola, por ejemplo en hortalizas (-7 %), frutales no cítricos (-9,6 %) o cereales (-35,2 %), con datos hasta mayo. La producción industrial de alimentos está cayendo en Andalucía al 12,3 por ciento interanual, muy por encima de la caída de España, del 2,2 por ciento.
Los precedentes de Chipre y Rumanía
También cae el empleo en estas dos áreas y el número de empresas inscritas en la Seguridad Social.
El superávit de la balanza comercial de Andalucía a nivel internacional se está reduciendo (-15,1 %) hasta abril por la caída de las exportaciones y la subida de las importaciones ante la falta de producción interna, y la tasa de inflación sube por la menor oferta.
Existen dos casos en los que la Unión Europea articuló este fondo para ayudar a países con graves situaciones de sequía: Rumanía en 2012-2013 y Chipre en 2015-2016, según los datos consultados por EFE.
Chipre vivió una grave sequía entre octubre de 2015 y junio de 2016, que supuso importantes pérdidas de cosechas, incendios forestales y escasez de agua, por lo que solicitó este fondo con daños calculados por 181 millones, y se aceptó considerándolo “catástrofe grave”.
La ayuda a recibir aprobada fue de 7,3 millones, que terminaron de pagarse en mayo de 2017.
El incendio de Doñana
Chipre hizo otra solicitud un año después por otra sequía, pero fue rechazada porque no se aceptaron los costes futuros para producir agua desalada, por lo que quedó debajo del umbral de movilización de este fondo.
En 2012, debido a las altas temperaturas en verano, Rumanía solicitó este fondo calculando los daños en más de 800 millones y la Unión Europea lo aceptó, con una propuesta de la Comisión de adjudicar 2,4 millones, que era el coste total de las operaciones subvencionables.
Además, en 2016 Rumanía presentó el informe de ejecución, donde informó que ese importe no podía utilizarse como estaba previsto inicialmente, por lo que la Comisión recuperó las cuantías.
En el caso andaluz, en 2017 se pidió la movilización del Fondo de Solidaridad por el incendio en Doñana, con unos daños calculados de casi 118 millones, lo que quedaba muy por debajo del umbral del 1,5 % del PIB, por lo que no se aceptó la solicitud. EFE
