Sevilla, (EFE).- Un total de 55 parlamentarios del Congreso de los Diputados han apoyado el recurso de inconstitucionalidad presentado por los taxistas andaluces contra el decreto de la Junta que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC), que consideran un “atentado” contra el sector.
El portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Transportes, Rafael Mayoral, ha acompañado este viernes a representantes de asociaciones del taxi que han presentado ante el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, los detalles del recurso, respaldado por Unidas Podemos – En Comú Podem – Galicia En Común, Grupo Parlamentario Republicano, Euskal Herria Bildu, Grupo Parlamentario Plural y Grupo Mixto.
Mayoral ha calificado como “atropello” por parte de la Junta el que ha llamado “decretazo Uber” del presidente andaluz, Juanma Moreno, y lo ha considerado “un atentado contra la autonomía municipal, en el que se pisotean los elementos fundamentales del derecho al autogobierno de los ciudadanos andaluces”.
Los taxistas avanzan más recursos
“Se hace básicamente para proteger los intereses de multinacionales que tienen una estrategia de monopolio para quedarse con el transporte urbano de viajeros sin regulación”, ha denunciado Mayoral, que ha pedido “que se quiten el traje de patriotas porque son unos vendepatrias que están entregando los servicios públicos a transnacionales que no tributan en este país”.
El portavoz de Unidas Podemos ha advertido que su formación estará “enfrente” de estas políticas y ha recordado que también ha recurrido la normativa en Madrid ante “la ley Ayuso en defensa de Uber”.
Miguel Ruano, presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, ha agradecido su apoyo a los diputados y a “quienes han hecho posible que haya recursos económicos para este recurso y los que se van a seguir interponiendo, porque es el primero pero no el último”, ha avanzado.
Ruano ha argumentado que el decreto de la Junta incumple el presupuesto de extraordinaria y urgente necesidad establecido en el Estatuto de autonomía de Andalucía para regular la materia mediante Decreto-ley.
Decreto “chapucero” de la Junta
Además ha explicado que vulnera la autonomía municipal constitucionalmente garantizada por dos razones: ni respeta las competencias propias de los ayuntamientos en materia de movilidad urbana, ni se ha permitido la participación de los ayuntamientos en la elaboración de la norma.
Junto a esto, se han vulnerado las competencias del Estado, ya que la Junta de Andalucía no puede sustituir la exigencia de obtención de una autorización previa para prestar servicios urbanos por el mecanismo de habilitación automática sin control previo.
Por su parte Rafael Baena, presidente de la Federación Andaluza Élite Taxi, ha denunciado que el decreto -convalidado en el Parlamento en octubre del año pasado con el único apoyo del PP, la abstención de Vox y la negativa de PSOE, Por Andalucía y Adelante- “nace sin memoria económica, sin reglamento y sin un régimen sancionador adecuado”.
“Moreno es conocedor de esto y se ha puesto de perfil”, ha criticado Baena, quien ha añadido que el sector del taxi “se siente traicionado por este Gobierno, que abusa claramente de una mayoría de poder que le dio el pueblo y que el pueblo le puede quitar”.
A su juicio se trata de un decreto “chapucero y sin efecto en beneficio de multinacionales y amiguetes, que pone en peligro, no solo el modo de vida de diez mil familias andaluzas que dependen del taxi, sino el interés general de 8,5 millones de andaluces”.
Recurso “sin recorrido”
Por su parte, la Junta ha mostrado este viernes su confianza en que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el sector del taxi contra el decreto que regula la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) “no tenga ningún recorrido”.
Fuentes de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda han calificado como “absurdo” este recurso, apoyado por 55 parlamentarios del Congreso de varios grupos de izquierdas, al considerar que “partidos de otras comunidades no deberían inmiscuirse en leyes que ni conocen ni les afectan”.
Las mismas fuentes han defendido la “legalidad” del decreto, convalidado el pasado mes de octubre en el Parlamento con el único apoyo del PP, la abstención de Vox y la negativa de PSOE, Por Andalucía y Adelante, y ha explicado que está elaborando el reglamento que lo desarrolla, para lo que solicitan “la colaboración de todas las partes implicadas“, puesto que está en el trámite de audiencia.
Siguiendo el decreto “Ábalos”
El Gobierno andaluz asegura que ha desarrollado la iniciativa legislativa impuesta por el Real Decreto Ley aprobado cuando era ministro de Transportes José Luis Ábalos, que obliga a todas las comunidades autónomas a regular los servicios ofrecidos por las VTC antes de octubre de 2022.
“Es lo que hicimos”, afirman desde la Consejería de Fomento, donde se opina que “si el Estado hubiera querido ofrecer uniformidad en esta regulación no debería haber generado esta descentralización de las competencias“.
Además el Ejecutivo que preside Juanma Moreno defiende que, en contra de lo que manifiesta el sector del taxi, este decreto “refuerza las competencias municipales” al otorgarle la capacidad sancionadora y recaudatoria para la vigilancia y control de las actividades de los VTC. EFE
