Sevilla (EFE).- El fin de las restricciones por el covid, especialmente por la ausencia de presión hospitalaria, ha llevado a la sociedad a la normalización para convivir con el virus en 2022, año de anuncio de récord presupuestario en materia de Salud en Andalucía que no han evitado las primeras protestas de los sanitarios contra el Gobierno andaluz.
Mañana 22 de diciembre, el Parlamento andaluz aprobará el proyecto de ley de presupuestos de 2023 de la Junta de Andalucía, el año que, según la flamante consejera de Salud, Catalina García, será el de la “revitalización” del sistema sanitario andaluz después de tres años centrados en enfrentar la situación de pandemia provocada por el covid.
Estas cuentas “récord” junto a la renovación de los 12.000 sanitarios que continuaron trabajando en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras incorporarse como refuerzo por la pandemia de coronavirus, son las grandes bazas con las que el Gobierno andaluz ha cerrado un año en el que sindicatos y partidos de izquierdas empezaban a manifestarse en las calles en protesta por la gestión sanitaria del nuevo Ejecutivo monocolor del PP.
El presupuesto para 2023, después de un 2022 que estuvo prorrogado debido a la falta de apoyos parlamentarios, alcanzará por primera ve el 7,4 por ciento del PIB -en 2018 era el 6,1 por ciento-, por lo que los 13.800 millones de euros con los que contará Salud para el año próximo -1.350 millones más-, suponen un 10,85 por ciento más que en 2022.
La prórroga de los presupuestos de 2021
El 1 de enero de 2022 quedó prorrogado el presupuesto de la Junta de Andalucía de 2021 y las partidas de ingresos y gastos, con sus créditos correspondientes, se clonaron como consecuencia de que el Gobierno de PP y Ciudadanos no lograra los apoyos necesarios para sacar adelante las cuentas elaboradas para el nuevo ejercicio.
La enmienda a la totalidad a los presupuestos presentada por el grupo de Vox, socio externo del Gobierno de PP y Cs durante la legislatura, impidió aprobar la cuentas elaboradas para 2022, dotadas con 43.816,3 millones de euros, con un crecimiento del 9 por ciento respecto al de 2021.
El rechazo a las cuentas de 2022, primero que se produce en la comunidad desde 1995 cuando el PSOE-A no logró sacar adelante el presupuesto por el rechazo de PP e IU (en la IV legislatura), supuso renunciar a un incremento de los presupuestos de Sanidad de un 9,58 por ciento respecto a los vigentes, que, entre otras medidas contemplaba el refuerzo del personal de la Atención Primaria, así como diferentes inversiones en infraestructuras sanitarias.
Adiós a un presupuesto histórico
En los presupuestos rechazados estaba prevista, entre otras inversiones, la continuación de las obras de ampliación de los Hospitales Costa del Sol y Poniente de Almería, la apertura del nuevo Hospital de Alta Resolución de Palma del Río, la finalización de las aperturas de los Hospitales de Alta Resolución de Cazorla y Estepa o las aperturas de nuevas plantas en el Hospital Militar de Sevilla y en el Hospital Valle del Guadalhorce.
El entonces consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, definió “histórico” el presupuesto para 2022, con una gran vocación social, que blindaba una sanidad pública “universal y de calidad”, ya que destinaban 12.900 millones de euros a la Consejería de Salud y Familias, lo que representa el 29,4 por ciento del presupuesto total de la Junta de Andalucía.
Respecto al año anterior se destinaban 1.128 millones de euros más a sanidad, lo que suponía un aumento del 9,58 por ciento con respecto al año pasado y del 31 por ciento respecto a 2018, año en el que el gasto sanitario suponía el 6,1 por ciento del PIB frente al 7,4 por ciento del actual, un total de 1.524 euros por habitante.
La prórroga presupuestaria obligó a la Junta a la herramienta de las modificaciones de crédito para adaptar el esquema presupuestario del 2021 a las necesidades del 2022, algo que no impidió que la Consejería de Salud contara con 719 millones de euros más de lo que tenía disponible nominalmente en las cuentas de 2021.
Virus, evolución
De esta forma se preveían 12.272 millones de euros para el gasto en Sanidad, una cantidad superior a los 11.553 millones que había en los presupuestos de 2021, debido a que la Junta contó en 2021 con un volumen de fondos superior a los que inicialmente tenía consignado para las políticas sanitarias.
En el presupuesto de 2021 se incluyó una partida para contingencias generales, de casi 500 millones de euros, que acabó dedicada casi en su integridad a gasto sanitario debido a la evolución de la pandemia y de la misma forma no se incluyeron fondos europeos que igualmente se emplearon en buena medida en inversiones e infraestructuras sanitarias.
Ni el fondo de contingencia ni los fondos europeos se reflejaban en la partida de Sanidad en el documento de presupuestos, pero se han utilizado finalmente en gasto sanitario, engrosando el volumen real de fondos empleados en 2021 en la Sanidad, y en parte ese es el gasto que se trasladó a la prórroga presupuestaria de 2022.
La mayoría absoluta lograda por el PP en las elecciones del 19 de junio de 2022 ha dejado manos libres al Gobierno monocolor para hacer a partir del próximo año los presupuestos que no pudieron poner en marcha debido al bloqueo parlamentario sufrido por parte de la izquierda y de Vox, algo que no está evitando las protestas de lo sanitarios.
Protestas sanitarias
La gran manifestación por las calles de Madrid el pasado 13 de noviembre tuvo un reflejo casi inmediato en otras comunidades autónomas, entre ellas la celebrada en todas la ciudades andaluzas dos semanas después, donde miles de personas, aglutinadas en las Mareas Blancas, denunciaban el “colapso” de la atención primaria y denunciar la “privatización” de la sanidad pública, unas protestas en defensa de la sanidad “pública, universal y gratuita”.
Desde el Gobierno andaluz recuerdan que el aumento del presupuesto del SAS ha crecido de forma notable desde la llegada del PP al Ejecutivo, y que la plantilla supera ya los 125.000 profesionales, que se alcanzó un acuerdo para mejorar los salarios por medio de un complemento por su carrera profesional, además de que los contratos que ofrece tienen una duración mínima de seis meses.
El pasado 12 de diciembre, el presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció la renovación de los 12.000 sanitarios que fueron contratados con el fondo estatal covid que ya no esta en vigor, y que se traduce en que los contratos de los médicos sea de un año -hasta finales de 2023- por la escasez de profesionales que existe, mientras que el resto de sanitarios continuará con los contratos de seis meses como hasta ahora.
La respuesta de los sindicatos se tradujo en diversas posiciones tras conocer esta medida aunque todos coincidieron en la necesidad de mayor transparencia y sobre todo de que las renovaciones temporales se transformen posteriormente en una mayor estabilización de las plantillas.
Fondo estatal contra el virus
El debate sanitario llegó la semana pasada al Parlamento, donde Moreno reconoció que “quedan cosas por hacer porque venimos de muchos recortes, retrasos y limitaciones”, pero lamentó que la izquierda “quite mérito” a la renovación de los 12.000 sanitarios, profesionales que entraron gracias al fondo estatal contra el covid y que, una vez este fondo ha desaparecido, se van a mantener gracias a los fondos “a pulmón” de la comunidad andaluza.
Aseguró que la sociedad “entiende” perfectamente que se deben poner todos los recursos “públicos y privados” y el Gobierno andaluz pone “más el acento” en lo público que en lo privado.
La sanidad, que hace unos años pudo ser el detonante del fin de la hegemonía socialista en Andalucía, sigue estando en la agenda de los partidos políticos pero, según el presidente de la Junta, la gestión de su gobierno en materia sanitaria “va por buen camino” con el “robustecimiento” de la sanidad pública que, a su juicio, estaba “dañada de muerte” durante los anteriores gobiernos de izquierda.
Edición web: Alfredo Valenzuela
