Juan Francisco Trujillo, el chófer de Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, durante el juicio en el que se retoma el caso de los ERE. EFE/Raúl Caro

El chófer de Guerrero en el caso ERE rechaza a su abogado por no “confiar” en su defensa

Sevilla (EFE).- El que fuera chófer del director general de Trabajo de la Junta Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, juzgado desde este lunes por prevaricación en una de las piezas separadas del caso ERE, ha rechazado a su abogado por falta de confianza, una petición que no ha atendido la jueza.

El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla y junto a él en el banquillo se han sentado Antonio Alabarracín, exdirectivo de Vitalia, Isidoro Ruz Espigares, el administrador de una de las empresas del exchófer, y la mujer del conductor, acusada como beneficiaria a título lucrativo de las ayudas de su marido

Durante la ronda de peticiones previas, Trujillo ha solicitado la renuncia de su abogado, José Manuel Sánchez. No se sentía “bien atendido en las valoraciones que han mantenido ni en las valoraciones con la fiscalía”.

Ha asegurado no tener confianza en su defensa y no sentirse “representado”.

Petición rechazada

La petición ha sido rechazada por el Ministerio Fiscal, que ha añadido que el acusado ya tenía conocimiento de quién ejercería su defensa. Y la juez ha decidido rechazar su solicitud.

Durante la instrucción del caso ERE, el chófer admitió ante los investigadores que utilizó parte de los 900.000 euros que le otorgó su jefe para comprar cocaína.

Precisó que llegó a gastar unos 20.000 euros diarios y a consumir cada uno más de cinco gramos diarios de cocaína. Y también que dedicó dinero a copas y a comprar fincas, un piso y regalos.

De igual forma, reveló haber realizado alguno de estos regalos a Guerrero. Aunque esta versión siempre fue negada por el ex director general de Trabajo, fallecido en 2020.

La Fiscalía Anticorrupción pide para el chófer una indemnización de casi 1,5 millones de euros. Y una pena de 14 años de prisión y 30 de inhabilitación. EFE