Málaga, (EFE).- La Junta ha aprobado el Plan de Inspección Programada en materia de turismo para este 2023, un instrumento administrativo destinado a garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados por la normativa turística.
Según ha explicado el Gobierno andaluz, la actuación inspectora tiene una doble vertiente: por un lado, de asesoramiento y apoyo al sector y, por otro, de disciplina administrativa, para proteger los derechos de las empresas prestadoras de servicios turísticos y de las personas usuarias.
El plan persigue “elevar el nivel cualitativo de la oferta turística de Andalucía, detectar servicios turísticos clandestinos, asesorar en el cumplimiento de la normativa vigente y unificar criterios ante circunstancias homogéneas de la actividad empresarial”.
Para ello, se establecen programas ordinarios de verificación de los distintos servicios turísticos, tanto en forma de visitas como a través de la información alojada en internet. Además, se fijan los programas para la adaptación de los alojamientos turísticos a los cambios normativos.
Este año, como novedad, el programa incluye la comprobación de la ejecución de las actuaciones financiadas por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte en el marco de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos.
Las viviendas con fines turísticos
Desde el año 2016, el mayor volumen de actuaciones llevadas a cabo por la inspección de turismo se centra en las viviendas con fines turísticos, cuyo número de declaraciones responsables de inicio de actividad ha aumentado considerablemente año tras año.
Los programas que contempla el plan tendrán su ámbito de actuación en establecimientos de alojamiento turístico, viviendas turísticas de alojamiento rural, viviendas con fines turísticos, empresas organizadoras de actividades de turismo activo, agencias de viajes y campamentos.
También se actuará para evitar la prestación clandestina de servicios turísticos de alojamiento, del servicio de información turística a quienes realicen visitas a bienes que integran el patrimonio histórico andaluz, de actividades de turismo activo, de agencias de viajes y de oficinas de turismo sin haber presentado declaración responsable para su ejercicio o, en su caso, careciendo de la preceptiva habilitación por la normativa turística.
Asimismo, se verificarán denuncias interpuestas por personas usuarias de servicios turísticos relacionadas con deficiencias en su prestación y se prestará información y asesoramiento a responsables de empresas y servicios sobre la normativa turística de aplicación en su ámbito. EFE
