Huelva (EFE).- La Abogacía del Estado ha abogado ante la Audiencia Nacional (AN) por que el proyecto de Fertiberia para la restauración de las balsas de fosfoyesos de Huelva sea sometido a una nueva evaluación de impacto ambiental. La Abogacía del Estado representa al Ministerio para la Transición Ecológica.
Así se recoge en el escrito de alegaciones presentado por el Abogado del Estado a la comunicación realizada por Fertiberia. Ha sido presentado a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la AN. En él, la empresa informa de la obtención de todos los permisos y autorizaciones necesarias para iniciar la ejecución del proyecto conocido como Restore 20-30.
El Abogado del Estado considera, contrario a lo que entiende la empresa, que esta “no puede iniciar la ejecución” del proyecto. Ello porque la idoneidad del mismo “debe ser confirmada por la Sala antes”. Se basa en el Auto de 21 de octubre de 2016 dictado en el marco de esta causa judicial.
Esto, lleva a la Abogacía del Estado a mostrar otra objeción a la ejecución. Alude a “las serias dudas” que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la idoneidad de dicho proyecto.
Dos informes
En este punto se refiere a dos de los informes que de manera periódica a petición de la Sala ha presentado el Ministerio. Tratan sobre el estado de tramitación de los distintos procedimientos y actuaciones. Son el Informe de noviembre de 2020 y el de enero de 2023.
En el primero de ellos, la Directora General de la Costa y el Mar trasladó a la Sala la Declaración de Impacto Ambiental aprobada con fecha 23 de septiembre de 2020. En él le hace partícipe de “las importantes dudas que generaba el proyecto para el Ministerio”. Asimismo advierte que “de confirmarse por la Sala la idoneidad del Proyecto en su actual versión, el control ambiental de los trabajos corresponde a la Junta de Andalucía”. Esto “toda vez que, al tratarse del sellado de un vertedero, la Administración autonómica resulta competente en materia de residuos y suelos contaminados”.
En el de enero de 2023, trasladó a la Sala distintas manifestaciones de la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre que llamaba la atención sobre dos puntos. Uno sobre las dudas que a la vista de las conclusiones del informe elaborado por la Universidad de Huelva” se presentan. Unas sobre “el proyecto presentado para la zona 4”. Las otras sobre “el proyecto que fue objeto de la Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental”. Este “amparaba las actuaciones a llevar a cabo en las zonas 2 y 3”.
Principio de precaución
Señalaba, además, que el principio de precaución aconseja que se plantee la conveniencia de proceder a realizar una nueva evaluación de impacto ambiental. Ello a la vista del informe y los estudios realizados por la Universidad de Huelva. En él se exponen carencias detectadas en el proyecto presentado. Este debe contemplar de manera integral las actuaciones a llevar a cabo en todas las zonas.
A la vista de todo ello, el Abogado del Estado suplica a la sala que admita el escrito. También que acuerde que Fertiberia “no puede proceder, por el momento, a ejecutar el proyecto presentado”. Esto salvo que “así lo acuerde la Sala y que, previamente, debe obtenerse una nueva evaluación de impacto ambiental”.
La asociación Mesa de la Ría, personada en esta causa, tras tener conocimiento de este escrito, ha valorado las coincidencias entre lo precisado por la Abogacía del Estado “con lo que insistentemente ha venido proponiendo”.
Alegaciones ante la Sala
La última vez hace apenas unos días cuando presentó un escrito de alegaciones ante la Sala citada, en el que se pedía la desestimación del proyecto de enterramiento de fosfoyesos en la marisma de Huelva. Consideró que ese proyecto incumple numerosos artículos de la Ley de Costas de 1988. Además alegó otras consideraciones sobre responsabilidades de las distintas Administraciones actuantes.
Consideran obvio que el Ministerio “no debería de haber admitido ni valorado el proyecto de Fertiberia al no contemplarse la retirada de los residuos”. Argumenta que “sin su retirada no es posible acometer ninguna labor para la recuperación ambiental del bien a proteger, que son los terrenos de marisma donde se asientan las balsas”.
La Mesa de la Ría está convencida de que “al final la Ley y el Derecho prevalecerán sobre el conjunto de irregularidades, tanto ambientales como administrativas, carentes de cobertura legal, para lo que llevamos tantos años trabajando”.
