Teruel/Zaragoza (EFE).- El Gobierno de Aragón se ha marcado como prioridad, un día después de que se derrumbara un edificio de viviendas en Teruel sin que hubiera víctimas mortales, la atención psicológica a las 21 familias (44 personas en total) que han perdido sus casas, así como la búsqueda de nuevos pisos en los que los afectados puedan residir.
La consejera de Presidencias y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha liderado la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) que se ha creado después de que este martes, por la mañana, cayera un edificio del que los vecinos fueron desalojados a tiempo tras oír unos extraños crujidos en las paredes y avisar al Ayuntamientos y a los servicios de emergencia.
El edificio es el número 21 de la calle San Francisco, pero no sólo éste fue evacuado, sino además los seis inmuebles próximos como medida preventiva. También se ha desalojado el Servicio Provincial de Medio Ambiente, que ocupa el número 23 de la vía.
Viviendas alternativas
El CECOP decidió que el Plan Territorial de Protección Civil en Aragón (PLATEAR), activado en nivel 1 de emergencia, se mantendrá hasta que los seis edificios sean evaluados y se determine que se pueden utilizar con seguridad.
Además de la atención psicosocial de las personas evacuadas, trabajo que realizan los servicios sociales de Ayuntamiento de Teruel, los Servicios Sociales de la Comarca, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Cruz Roja y el GIPEC (Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes), se valoran alternativas de vivienda a largo plazo.
En este sentido, Pérez ha indicado que la Dirección General de Vivienda tiene disponibles diez viviendas del parque de maquinaria, y que desde el Departamento de Educación se han ofrecido 80 plazas: 40 de los chalés del Centro de Formación y de San Blas y otras 40 de la residencia. La Diputación también ha ofrecido sus instalaciones.
Desde la Escuela de Hostelería de Teruel han mostrado su disposición a colaborar para cocinar si se requiere.
A la espera de nueva ubicación, las familias del edificio siniestrado han sido acogidas inicialmente en el centro de día Santa Emerenciana, mientras que algunos evacuados han sido alojados en el hotel Santa Cristina
Inspecciones en edificio colindantes
Los servicios técnicos del Ayuntamiento turolense y de los bomberos de la Diputación de Teruel inspeccionan desde este miércoles los edificios colindantes a la finca que se derrumbó para verificar la estabilidad de los mismos.
Lo ha confirmado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, quien ha adelantado que se va a facilitar que puedan entrar los vecinos de los inmuebles contiguos para recoger enseres y mascotas que se quedaron dentro de las viviendas.
Sobre el realojo definitivo de estos vecinos, Buj ha indicado que primero se debe tener la certeza de que esos edificios son sólidos, y será entonces cuando los servicios técnicos decidan si se permite la vuelta. No ha concretado plazos.
La regidora ha explicado que unas 50 personas han pasado la noche en hoteles y apartamentos ubicados en San Nicolás de Bari tras facilitarles desde el consistorio pijamas, enseres de aseo y ropa. Asimismo, según sus palabras, tienen a disposición ayuda psicológica y a los Servicios Sociales municipales.
Plataforma de Afectados y posible vía judicial
Los vecinos afectados por el derrumbe consideran que el ayuntamiento podría tener responsabilidad y se plantean tomar acciones legales.
Este martes, en declaraciones a los medios durante la concentración de solidaridad que se organizó en Teruel, a la que asistieron unas 350 personas, se expresó así una de las personas que ha perdido su casa, Leonor Franco.
Añadió que, si bien aún es pronto, se está estudiando la creación de una Plataforma de Afectados porque piensan que “aquí hay bastante responsabilidad de lo que ha ocurrido por parte del ayuntamiento”.
Sostuvo que la causa del derrumbe no fue una inundación “normal y corriente”, como cuando se produce una lluvia torrencial, y señaló que el agua no entraba por la puerta del garaje, sino por una pared, “y olía a aguas fecales”.
El presidente de la comunidad de vecinos del garaje del edificio afectado, Javier Carbó, ha explicado que la estructura presentaba problemas de filtraciones desde hace 10 o 12 días, por lo que acudieron al Ayuntamiento de Teruel para solicitar medidas y que enviase a un técnico o arquitecto municipal para asegurar la integridad estructural del mismo.
Según la versión de este vecino, el Ayuntamiento envió a técnicos de Sastesa, el Servicio de Aguas y Saneamiento de Teruel (empresa mixta formada por la Diputación de Teruel y Aragonesa de Servicios Públicos), quienes “estudiaron los problemas de fugas de agua, pero no la estructura, porque no es de su competencia”.
Repercusiones políticas
La exigencia de responsabilidades y la petición de apoyo al futuro nuevo equipo de gobierno a los vecinos afectados han protagonizado las intervenciones de los distintos grupos políticos en el último pleno del mandato aún vigente. El Ayuntamiento se renovará el próximo sábado tras las elecciones municipales del 28 de mayo.
La alcaldesa ha afirmado sentirse “conmocionada” por lo ocurrido, en tanto que representantes de PSOE, Ciudadanos, PAR, CHA y Vox, Ganar Teruel-IU y Espacio Municipalista han insistido en la exigencia de apoyo a los afectados.
