Las Palmas De Gran Canaria (EFE).- El secretario general de CC, Fernando Clavijo, critica la “incapacidad” que, a su juicio, muestran algunas instituciones para gestionar la gratuidad del transporte en guagua y tranvía que su partido ha logrado negociar con el Estado en el trámite parlamentario de los presupuestos generales para 2023.
Antes de reunirse, junto a la diputada nacional María Fernández y el presidente del grupo parlamentario regional, Pablo Rodríguez, con la nueva ejecutiva de la Confederación Canaria de Empresarios, el también aspirante a la Presidencia del Gobierno canario ha pedido a quienes sean incapaces de poner en marcha esta medida “que den un paso a un lado” porque “hay gente que sí sabe”.
Para Clavijo, la controversia que ha suscitado esta enmienda a los presupuestos generales del Estado para 2023 se explica por “la incapacidad de determinadas instituciones a la hora de poner en marcha una iniciativa que beneficia a la gran mayoría de la población, pero principalmente a los que menos recursos tienen, porque los que tienen un alto poder adquisitivo no viajan en transporte público, sino que generalmente lo hacen en sus vehículos”.
Sobre su repercusión en el taxi, ha dicho que “ahora que se van a liberar unos recursos importantes, las instituciones pueden hacer un plan de modernización o de apuesta por este sector”.
Fernando Clavijo ha estimado que hay instituciones que no han hecho “una apuesta decidida por el transporte público”, cuya demanda ha crecido este año “porque el descuento ha sido del 50 por ciento”.
“Nosotros creímos en la necesidad de llegar al cien por cien, lo pelamos, lo luchamos y lo planificamos. Quizás, quienes están gobernando ahora tiraron la toalla, bajaron los brazos, se rindieron y no apostaron por algo que era de justicia para todos los canarios, eso ya es responsabilidad de ellos. Nosotros hemos conseguido la gratuidad. Si ellos no son capaces de ponerlo en marcha, que den un paso a un lado que hay gente que sí sabe”, ha aseverado.
Preguntado por los requisitos que, al parecer, se impondrán a esa gratuidad del transporte público, como la de realizar un mínimo de 40 viajes al mes, Clavijo ha considerado que esa decisión corresponde establecerla a los cabildos y a los operadores, si bien ha considerado que sería “un despropósito”, al entender que esa limitación “es de dudosa legalidad” y una forma de incentivar el uso del vehículo privado, que es todo lo contrario a lo que se persigue. EFE
