Las Palmas De Gran Canaria (EFE).- El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dado este martes por zanjados el conflicto y la deuda “histórica” que el Gobierno de España mantiene con el de Canarias desde que el Estado suspendiese de manera unilateral el convenio de carreteras en 2012.
Estas declaraciones se producen después de que el Consejo de Ministros haya acordado hoy autorizar la firma de la segunda Adenda al Convenio 2018-2027, donde se recoge un incremento del 22,7% el importe del convenio, suscrito en diciembre de 2018, hasta los 1.473 millones de euros.
También se han reajustado las anualidades de los pagos y modificado las actuaciones a financiar con los fondos.
“Son unos 407,5 millones que se distribuyen de la siguiente manera: 134,5 millones a obras que se han ejecutado entre el 2019 y el 2022, del anterior convenio, y 273 millones que se suman para obra nueva”, ha desgranado Torres, que ha agregado que a esa cantidad hay que sumarle otros 37,7 millones de euros del convenio anterior.
En total de obras no ejecutadas son 445,1 millones, más lo que la sentencia establecía que se debía utilizar para superávit, unos 500 millones de euros que finalmente, en vez de usarlos para pagar deuda, se han transferido en anualidades de 100 millones en 2021, 200 millones en 2022 y otros 200 millones que están en el presupuesto del 2023, y que se ha firmado hoy.
“Todo esto, más los intereses, suman algo más de 500 millones de euros el Gobierno de Canarias va a utilizar para lo que decidamos nosotros y no para deuda”, ha insistido.
“La novedad es que el Gobierno de España adelanta los 137 millones perteneciente a la obra ejecutada del 2018 al 2020. Esto significa que la deuda del Estado respecto a la obra ejecutada estaría completamente saldada”, ha señalado el presidente Torres, que ha expresado su “satisfacción” por haber resuelto un conflicto “histórico” de más de una década y que superaba los 1.000 millones de euros.
Torres, que ha hecho un repaso histórico de lo ocurrido, y ha enfatizado que la gravedad es que el convenio se paralizó cuando las obras se estaban ejecutando, con empresas adjudicadas que ya estaban trabajando.
“La sentencia es contundente. Cuando hay obra ejecutándose no se puede eliminar el convenio acogiéndose a una situación de crisis. La decisión del Gobierno de Rajoy incumplió el REF, atacaba a las empresas, hacía peligrar empleos, perjudicaba la conectividad y pisoteó a una comunidad autónoma”, ha opinado el presidente canario.
Por su parte, el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se ha reafirmado en la necesidad de emplear ese dinero para gasto corriente y no para deuda y ha dicho que de haber aceptado esa tesis el impacto en la vida de la gente hubiese sido “cero”.
“Reclamamos en la investidura que se pagaran los 500 millones para gasto ordinario y que se buscara una fórmula para que lo conveniado y no ejecuatdo se transfiriera. Hoy se cumple lo que dijimos”, ha expresado Rodríguez, que ha dicho que Canarias hoy “está de enhorabuena” tras resolverse un “conflicto histórico”.
En este sentido, ha apuntado que todo se ha hecho “sin levantarse de la silla, sin griteríos y sin vociferar, “un estilo que no sirivió para recuperar los 500 millones escamoteados” en la pasada legislatura.
“No solo nos quitaron esos 500 millones sino que en ese momento era un coste de oportunidad porque durante esa crisis no había dinero para sanidad y educación”, ha rememorado Rodríguez
En su intervención, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis ha indicado que la firma de la adenda se prevé para las próximas semanas. EFE
