Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Las quejas en materia de vivienda son las que más aumentaron en 2022 (64%) en la Diputación del Común, según ha revelado este lunes su titular, Rafael Yanes, quien ha advertido a las administraciones públicas de que la cita previa obligatoria “es un abuso intolerable” que genera indefensión al ciudadano.
De esta manera se ha expresado Rafael Yanes en rueda de prensa tras entregar el informe correspondiente a 2022 al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, en una fecha “inusual” que se ha adelantado debido a la convocatoria de las elecciones autonómicas en mayo y el consiguiente cese de la actividad parlamentaria el 4 de abril.
Rafael Yanes ha subrayado que no puede profundizar en el contenido del informe por respeto institucional hasta su comparecencia en la comisión correspondiente y, posteriormente, ante el pleno de la Cámara, pero ha detallado que el año pasado se registraron 2.925 quejas, un 20 por ciento menos que en 2021.
El área que más reclamaciones recibió vuelve a ser Dependencia, pero con una disminución del 36% respecto al año anterior, ha puntualizado Rafael Yanes.
De las 29 áreas de gestión con las que trabaja la Diputación del Común el mayor crecimiento en el número de reclamaciones se registra en vivienda, con un 64%, lo que muestra “una gran preocupación” por parte de la ciudadanía que ha motivado a la institución a recopilar datos para elaborar un informe extraordinario sobre esta materia.
Al respecto, ha señalado Rafael Yanes que para que la administración pública pueda garantizar el derecho constitucional a la vivienda tiene que tener un parque público suficiente, pero en la década de los 90 del pasado siglo en Canarias se vendieron unas 20.000 casas a sus inquilinos como medida social “y se olvidaron de construir otras 20.000”.
El parque público actual es de 16.200 (12.000 del Icavi y 4.200 de Visocan), una cifra con la que no se puede garantizar el acceso a una vivienda para un sector de la población, pues en el caso de Canarias deberían ser de al menos 33.000, y el diputado del Común ha reclamado que haya un número suficiente y además que por ley se prohíba vender una vivienda pública.
Al respecto, ha añadido que no entra en el debate de si se debe fijar por ley un límite al precio del alquiler, pues esto corresponde al Parlamento, al tiempo que ha considerado que tiene difícil encaje legal el que se prohíba la compra de casas por parte de extranjeros comunitarios, pues “todos somos miembros de la UE” y en su territorio está garantizado el acceso a la propiedad.
Pero además el diputado del Común ha llamado a la reflexión sobre un asunto que le preocupa “de manera importante”, por el que se han recibido muchas quejas ciudadanas y sobre lo que ha querido ser “muy claro: el abuso intolerable de la administración pública con la cita previa, que no puede ser obligatoria”.
Ello se debe a que las dos vías para acceder a la cita previa “no están garantizadas”, pues la telefónica es deficiente y la telemática no está al alcance de todos.
“El teléfono muchas veces no contesta y cuando lo hace, muchas otras veces, es una máquina que en lugar de ayudar al ciudadano lo que hace es confundirlo en la maraña administrativa”, ha recriminado el diputado del Común.
En cuanto a la cita telemática, ha recordado que el 64% de los municipios canarios tienen núcleos sin acceso a internet y que unas 66.000 personas mayores viven solas y carecen de habilidades para solicitar una cita con la administración de esta manera.
Además lo que no puede ocurrir es que cuando una persona acude a una administración un vigilante de seguridad le impida el paso por no tener cita previa, lo que Yanes ha calificado de “inadmisible”.
Sobre esto último ha comentado que una administración que se caracteriza por impedir el acceso aunque haya dentro funcionarios desocupados es la Seguridad Social, un trato que carece de cobertura legal, lo que el diputado del Común ha puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo.
Otro dato negativo en relación a 2022 es la cantidad de administraciones públicas que incumplen reiteradamente los plazos establecidos por la Diputación del Común, de tal manera que se han tenido que firmar 75 recordatorios y 149 advertencias de declaración de obstrucción a su labor.
Para el titular de la institución es por el contrario positivo el hecho de que el 67 por ciento de los expedientes tramitados se han cerrado con una resolución favorable a los ciudadanos.
Asimismo ha señalado Rafael Yanes que en 2021 se creó un área especial en relación con el coronavirus en la institución, que se eliminó el año pasado para crear otra respecto a los afectados por el volcán de La Palma, y que registró un total de 86 quejas. EFE
