Las Palmas de Gran Canaria, 3 mar (EFE).- El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, que funciona como experiencia piloto nacional desde octubre de 2021, ha tomado declaración a un menor víctima de un delito contra la libertad sexual por primera vez desde su casa, lugar designado por la propia víctima para prestar testimonio.
“La magnitud de este caso es que la declaración tendrá el valor de una prueba preconstituida, de modo que la víctima no tendrá que acudir al acto del juicio oral, si este se produce”, ha apuntado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una nota, que ha detallado que este “hito” se produjo este jueves.
Tanto durante como al concluir la declaración, la frecuencia cardíaca y niveles de estrés del menor fueron estables y óptimos, elementos que el juzgado registra mediante pulseras que porta la víctima con el fin de asegurar su bienestar durante la declaración.
Así, mientras el juez interrogaba a la victima en su domicilio de San Bartolomé de Tirajana, el resto de las partes, cuya intervención es obligatoria, como el Ministerio Fiscal, abogados de la víctima y del investigado, escuchaban y veían todo desde la sala de observación de las dependencias del juzgado especializado.
Al concluir el interrogatorio judicial, las partes pudieron hacer a la víctima, a través del magistrado, cuantas preguntas estimaron procedentes, “asegurando así el pleno respeto a los principios de contradicción y defensa, pero al mismo tiempo, atendiendo a las especiales circunstancias de vulnerabilidad de la víctima”.
Este modo de realizar la denominada prueba preconstituida, que evita que los denunciantes tengan que acudir al juicio al quedar grabado su testimonio, “se revela esencial para casos de presuntas víctimas con discapacidad, determinados trastornos en los que un cambio de espacio pueda incidir en su testimonio o personas especialmente vulnerables necesitadas de especial protección”, ha explicado el Tribunal.
Así, el TSJC ha destacado la importancia de los entornos seguros que respeten los derechos de la infancia y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social.
“Con esta experiencia se trata de seguir avanzando en la consolidación de servicios amigables o adaptados: se trata de sistemas que garantizan el respeto y la efectiva realización de todos los derechos de menores al más alto nivel posible, teniendo presentes en particular los principios de participación, de no discriminación, del interés superior y de supervivencia y desarrollo”, agrega la nota. EFE
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