Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El Diputado del Común, Rafael Yanes, se ha manifestado este lunes en contra del teletrabajo en la administración pública en aquellos puestos donde se constate que esta modalidad implique una disminución de la productividad.
En la presentación en comisión parlamentaria del informe de la Diputación del Común correspondiente al ejercicio de 2022, Yanes ha subrayado que la pandemia de la covid-19 dejó “dos secuelas” en la administración, una de ellas la cita previa, que “no puede ser obligatoria” porque “margina al sector más débil” de la sociedad.
Y la otra “secuela”, ha proseguido Rafael Yanes, es el teletrabajo, una modalidad con efectos positivos, tanto ambientales como de conciliación, pero sobre la cual existe una “sensación generalizada” de que “perjudica a la calidad de los servicios públicos”.
Por eso, ha propuesto que la administración haga una comparación entre el teletrabajo y el trabajo presencial, y en aquellos puestos donde haya una disminución de la productividad, “lo adecuado es que se elimine” la primera de las modalidades, ha aseverado.
Cree el Diputado del Común que el teletrabajo, “aquello que aleja a la administración de la ciudadanía”, “no puede convertirse en un derecho laboral si perjudica a la calidad de los servicios públicos”.
Yanes se ha mostrado “moderadamente satisfecho” con el resultado de la labor de la institución en 2022, con un 67% de resoluciones favorables para los ciudadanos, y “muy poco satisfecho” por el nivel de respuesta de las administraciones, que “siguen incumpliendo sistemáticamente la ley del Diputado del Común”.
Las administraciones, ha recordado, han de responder en 15 días a sus requerimientos, y el año pasado la institución tuvo que emitir 75 recordatorios legales y 149 advertencias, aunque ninguna derivó en una declaración de obstrucción.
Ha señalado que “muchos alcaldes se quejan” de que no tienen funcionarios con habilitación nacional para “contestar adecuadamente asuntos con cierta complejidad jurídica”, y es que apenas están cubiertas el 28% de las plazas, y hay ayuntamientos “no pequeños” en los que las labores de secretario las desempeña un policía municipal.
Por eso, la Diputación del Común respalda la petición de la FECAM de convocar una lista de reserva y agilizar un mecanismo urgente de nombramientos y, adicionalmente, solicita modificar la Ley de bases de régimen local para que las comunidades autónomas puedan convocar plazas de habilitados para su ámbito de competencia, como tiene País Vasco.
Como avanzara semanas atrás cuando entregó el informe de la Diputación del Común al presidente del Parlamento, Gustavo Matos, Rafael Yanes ha destacado que el número de quejas que registró la institución el año pasado fue de 2.925, un 20% inferior al de 2021, y que las que más aumentaron fueron las relacionadas con vivienda, un 64%.
Y sobre vivienda ha anunciado que la Diputación elaborará un informe monográfico que pretende presentar este año o en 2024, con información recabada de los ayuntamientos canarios, de los que “la mitad” ya han contestado, al igual que los siete cabildos, y también se consultará con el ICAVI y VISOCAN, así como con otras comunidades autónomas, “para aprender de modelos que han funcionado”.
Rafael Yanes ha valorado el Plan de Vivienda 2020-2025, cuyos plazos espera que se cumplan en su totalidad, y ha abogado por mejorar la inspección para “eliminar aquellas prácticas fraudulentas, que las hay”.
“Hay subarriendos prohibidos, ventas clandestinas y ocupaciones ilegales”, ha enumerado el Diputado del Común, y por ello ha insistido en la necesidad de que se refuerce la inspección “para garantizar que las personas que acceden a la vivienda pública lo hacen cumpliendo exquisitamente lo legalmente establecido”.
Un año más, el área que más reclamaciones recibió fue Dependencia, pero con una disminución del 36% respecto al año anterior, hecho que los partidos que sustentan al gobierno regional, en especial Sí Podemos Canarias, en boca de su diputado Francisco Déniz, ha pedido que se ponga en valor.
El Diputado del Común ha replicado que “por supuesto que ha mejorado” en concesión de ayudas y resoluciones de grado, pero ha hecho “una reflexión” al respecto.
Ha recordado que en el informe extraordinario sobre Dependencia realizado por la institución que encabeza hacía 19 propuestas que luego en comisión parlamentario dijo que se podían resumir en cuatro: más personal, más presupuesto, colaboración municipal y simplificación de expedientes.
Pero hoy lo ha sintetizado aún más: “gasto por habitante… presupuesto, en definitiva”.
Yanes ha señalado que “capítulo aparte” merecen los cuidadores y familiares de personas dependientes, y ha opinado que “es hora de que se apruebe el plan nacional de la persona cuidadora”, del que “se hablado mucho y hecho poco”.
También ha abogado por crear en el Parlamento de Canarias una comisión estudio sobre personas cuidadoras.
En materia de discapacidad, ha detallado que casi la mitad de las quejas son por retrasos en la valoración y en las revisiones de grado: el plazo máximo legal es de tres meses cuando en Canarias se trabaja en la horquilla de los 39 meses.
Rafael Yanes ha hecho hincapié en un factor clave, el índice de envejecimiento en Canarias.
Ha recordado que en 2006, cuando se aprobó la Ley de Dependencia, Canarias era la comunidad más joven de España, y hasta 2022 el índice de envejecimiento aumentó en España en 23,53 puntos, mientras que en el archipiélago creció 62,28 puntos, lo que lo situó por encima de la media nacional.
“Esto influye en dependencia, en las plazas residenciales, y en sanidad, porque los mayores demandan más servicios”, ha recalcado, y ha añadido que también ha habido un aumento de población por la llegada de personas del exterior, generalmente mayores, de Venezuela y de Europa que vienen a pasar su jubilación en las islas.
Por sectores, el informe de la Diputación del Común de 2022 recoge que en materia de Medio Ambiente por primera vez la principal causa de las quejas es el bienestar animal; y en Educación, que no se respete la cuota del 5% para discapacitados en la convocatoria de septiembre.
En Sanidad, una vez superada la peor de la pandemia, han vuelto a aumentar las quejas por listas de espera y la mejora que ha habido, ha dicho, es “insuficiente”.
Ha recalcado que la lista de espera quirúrgica en Canarias es de 144 de media por 113 la estatal; la de consulta, de 101 días por 79, y la diagnóstica cayó un 5% pero sigue siendo “manifiestamente mejorable”.
En cuanto a Servicios Sociales, Yanes ha significado que las asociaciones, fundaciones y cooperativas gestionan el 88% de los recursos de discapacidad y el 100% de los de dependencia, por lo que “corresponde a la administración” garantizar su estabilidad económica porque “sin tercer sector no hay estado de bienestar”.
El Diputado del Común ha pedido anticipar las convocatorias de ayudas, sobre todo la del 0,7% del IRPF, “para que el dinero llegue antes de los proyectos y no cuando estén terminados” porque a veces sucede que la respuesta es negativa cuando el trabajo está hecho.
Yanes ha abundado en que se debe estudiar la posibilidad de plantear proyectos plurianuales y que a los trabajadores se les respete y aplique el convenio colectivo del sector.
En el capítulo de Menores, ha criticado que siga sin elaborarse el segundo plan de infancia y adolescencia y sin refirmarse la ley de atención integral a los menores, uno de los objetivos de esta legislatura del Gobierno.
También ha censurado que Canarias sea “una de las pocas” comunidades sin un protocolo propio de prevención de mutilación genital femenina cuando hay 761 niñas de 0 a 14 años en riesgo de sufrir esta práctica, y que tampoco cuente con un protocolo de protección de víctimas de trata con fines de explotación sexual.
Yanes ha detallado asimismo que más de la mitad de quejas en materia de violencia de género están relacionadas con el retraso de los informes periciales del instituto de medicina legal, y estas provienen tanto de ciudadanos como de los propios operadores judiciales.
Por último, ha detallado que el informe de 2022 contiene un apartado específico sobre la erupción de La Palma.
La Diputación del Común recibió 86 quejas, buena parte de ellas de colectivos y plataformas, de las cuales 51 seguían abiertas en diciembre de 2022. En lo que va de año se han incorporado otras 12.
EFE
