Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La huelga indefinida que mantienen los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) ha provocado la suspensión hasta este miércoles de 12.132 juicios y otras actuaciones en el ámbito de Canarias.
En estos momentos están pendientes de incoar 13.821 demandas y 44.702 escritos, existen 60.000 resoluciones que no se han firmado, 35.534 de ellas sólo en Tenerife, y desde el 24 de enero se han ingresado 10.304.711,65 euros, aunque se advierte que las cifras del montante total retenido serían mucho más elevadas.
En la actualidad hay suspendidos 994 procedimientos en el ámbito de los Registros Civiles de Santa Cruz de Tenerife.
Los portavoces de estos trabajadores públicos apuntan que “lo más grave sería que a la vista de estos datos el Ministerio de Justicia permita que continúe esta situación sin dar ningún tipo de solución”.
Es más, los letrados creen que en la actualidad se está intentando “a toda costa” torpedear la huelga con “artimañas que nada tienen que ver con la buena fe para llevar a cabo una negociación y que en realidad es inexistente y con la lealtad constitucional”.
En el caso concreto de Tenerife el seguimiento de la huelga se mantiene en torno al 65% de la plantilla, lo que ha dado lugar a la suspensión de 5.404 juicios y otras comparecencias; que haya 7.576 demandas pendientes de incoar y 26.805 de proveer, por lo que en la práctica es como si no existieran.
Entre las cifras aportadas estaría también que hay 35.534 resoluciones sin rúbrica y 4.070.201,65 euros ingresados desde que comenzó la huelga a finales de enero, dinero al que no se le ha podido dar finalidad alguna y que está vinculado a los procedimientos judiciales, aunque la cifra del retenido sería aún mayor.
Igualmente, en Tenerife hay 442 procedimientos paralizados en los registros civiles, resoluciones sin ser notificadas ni lo podrán ser mientras continúe la huelga.
Los letrados apuntan que en estos momentos no pueden determinar cuánto se tardará en volver a retomar la actividad y el ritmo normal, y por ello han decidido denunciar ante la sociedad que bajo su punto de vista “la Justicia es una nave que va directa al desastre y no hay nadie del gobierno al mando que esté dispuesto a evitarlo”.
Como resultado final de las últimas negociaciones el colectivo apuntan que el Ministerio ha vuelto a presentar, “sin mover ni una sola coma”, la propuestas que mantiene desde el pasado 16 de febrero y que mejorarían la retribución de sólo un tercio del colectivo en unos 10 euros mensuales.
“El Ministerio de Justicia pretende que el 70% restante acepte de buen grado todas las competencias que asumió y viene ejerciendo desde 2009 de manera gratuita, sin compensación económica alguna. Cabe recordar que se trata de unas 400 funciones y responsabilidades de tal importancia que hasta entonces eran asumidas por jueces y juezas”, alegan.
Califican de “falso” que hayan planteado un incremento de 1.100 euros, “por la sencilla razón de que ni siquiera se ha llegado a hablar de cantidad alguna. Es difícil pensar que semejante afirmación obedezca a una simple confusión”, apuntan. EFE
