Las Palmas De Gran Canaria (EFE).- El presidente del Consorcio de Comunidades de Regantes del Noroeste de Gran Canaria, José Reyes, ha asegurado que el Consejo Insular de Aguas (CIAGC) tiene una deuda con ellos de 429.000 euros “por una requisa “unilateral” que hizo en 2022 en Botija (Gáldar)” y ha pedido negociar el pago.
De este modo, Reyes busca negociar con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, un plan de pagos para recuperar esos 429.000 euros que, sin embargo, desde el Cabildo han negado deber.
Reyes, en el transcurso de una protesta del colectivo ante la sede del CIAGC, entidad que asume en régimen de descentralización y participación la dirección, ordenación, planificación y gestión de las aguas en la isla, ha explicado que el Consorcio no quiere reunirse con el vicepresidente del CIAGC y consejero insular de Aguas, Miguel Hidalgo, porque “les mintió en 2022, por lo que dudan de su palabra”.
El presidente del Consorcio, también conocido como Iniciativa por el Agua, ha considerado que el corte de agua acometido por el Consejo en Botija fue “malintencionado” y ha recalcado que para solventarlo y “salvar un millón de kilos de plátanos a un agricultor”, la entidad que representa a los regantes del noroeste de la isla tuvo que gastarse 429.000 euros, cantidad que han vuelto a reclamar formalmente este miércoles “porque las anteriores peticiones no fueron tramitadas por los cauces adecuados”.
“Pedimos cordura y que nos restablezcan el agua. Nosotros asumimos nuestra deuda y que ellos asuman sus delitos”, ha aseverado.
Sobre el problema de abastecimiento de agua de abasto que afecta a 1.070 viviendas del municipio grancanario de Santa María de Guía, ha dicho que “el agua es pública, pero la controlan unos dueños”.
“Si ellos no reciben agua desalada en la parte baja, yo no puedo darles en la parte alta. Estos dueños ceden la gestión de ese agua a una empresa que le hace un favor a los ayuntamientos y deja el agua arriba y la cogen abajo. Si mañana me quitan el agua en la parte baja, ¿qué hago yo?. Nosotros avisamos con tres días de antelación”, ha referido.
Respecto a la iniciativa del Cabildo de Gran Canaria de promover un expediente de requisa del agua que abastece a los altos y las medianías del citado municipio, afectado desde hace días por el corte de suministro, con el fin de garantizarlo a todos los vecinos, José Reyes ha estimado que es “un cuento” porque, a su juicio, la corporación no puede requisar un agua, solo cuando hay una catástrofe o una rotura de una tubería importante y “el pueblo se va a quedar sin suministro”.
“Estamos rodeados de agua por todas partes y tenemos luz y aire, el problema es que su precio no debe pasar de 15 euros. ¿Cómo va a requisar el Cabildo un agua cuando tiene su propia planta parada?, ¿por qué va a comprar al supermercado con el dinero mío, y no compra con el tuyo?”, se ha preguntado.
Reyes estima que deberá ser “un juez” quien dirima si el colectivo al que representa está tratando de politizar este conflicto y subraya que el Consejo Insular de Aguas “es una administración que tutela a las comunidades de regantes”, por lo que entiende que “tiene que ayudarlas, no machacarlas, que es lo que está haciendo”.
Además, no entiende por qué el Ayuntamiento de Santa María de Guía “se ha metido” en este conflicto, “cuando ha delegado a una empresa externa, que tiene millones, la gestión del agua”.
“Eso sí es política”, ha aseverado Reyes, ya que, en su opinión, “para eso ha cedido el Ayuntamiento de Guía a una empresa, Canaragua, el suministro de agua de abasto a sus habitantes”. EFE
