Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Fiscalía ha retirado la acusación a cinco de los imputados en la “Operación Jable”, la supuesta trama de corrupción que actuó hace dos décadas en Arrecife (Lanzarote), y ha reconocido retrasos indebidos en el procedimiento, durante una vista celebrada este lunes ante la Audiencia de Las Palmas, que ha suspendido el juicio hasta la próxima semana.
El presidente del tribunal que va a juzgar el caso, el magistrado José Luis Ruiz, ha pospuesto su inicio hasta el lunes próximo al no haber podido asistir hoy, por razones de salud, una de las principales acusadas, la exalcaldesa de Arrecife María Isabel Déniz, cuyo estado será valorado por un médico forense para decidir sobre si está en disposición de comparecer a las sesiones.
El tribunal ha acordado pedir con carácter urgente al juzgado de guardia de Arrecife que se examine a Déniz, quien junto al exlíder y fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) Dimas Martín, se enfrentaban inicialmente a 13 años de cárcel como principales inculpados en este proceso, que forma parte del conocido “Caso Unión”, en el que figuran funcionarios, políticos y empresarios.
Los imputados, según la acusación pública, “amañaron” concursos para adjudicar a las empresas Urbaser y FCC trabajos a cambio de pagos en efectivo o en forma de “dádivas” o regalos, que en el caso de Déniz le permitieron incrementar su patrimonio en 400.000 euros, y además crearon varias sociedades que se favorecieron de esos contratos.
El fiscal de Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, ha informado de la retirada de la acusación contra el imputado de FCC Enrique Astorga González, ya que su compañero de empresa Enrique José Hernández Martín ha asumido la responsabilidad de los hechos que se le atribuían y por los que se enfrentaba a una condena inicialmente de cuatro años de prisión.
Así mismo, Ródenas ha indicado que ha prescrito el delito de actividades prohibidas a funcionarios del que se acusada a Manuel Jesús Isidro Spínola Perdomo, Julio Pedro Romero Ortega, Daniel Hernández Caraballo y Rafael Antonio Corujo Gil de Montes, a quienes se les exigía el pago una multa y la suspensión para ejercer empleo o cargo público; al primero de ellos por un periodo de tres años, al segundo por durante siete meses y a los otros, medio año.
Estos cuatro procesados, según el fiscal, habían participado en la creación de las sociedades que se beneficiaron de los contratos a Tecmed, que después pasó a ser Urbaser, y FCC.
En cuanto a las dilaciones indebidas que el fiscal ha calificado de simples, ha explicado que obedecen a los cinco años que se ha demorado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en resolver dos incidentes de recusación que se debieron tramitar en un pazo de 30 días, cada uno de ellos.
Estas dilaciones, que suponen una reducción de pena, se aplicarán al resto de los once procesados para los que se mantiene la acusación, ya que uno de los imputados ha fallecido: Matías Curbelo Luzardo, uno de los altos cargos de la empresa Urbaser que reconoció los hechos y colaboró en la investigación para destapar la trama.
Entre los procesados para los que sigue la causa figuran el exjefe de Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife Rafael Arrocha, el exsecretario municipal Felipe Fernández Camero, el exsecretario del PSOE en Arrecife Miguel Ángel Leal, además de representantes de las empresas Urbaser y FCC.
También serán juzgados las parejas de María Isabel Déniz y de Dimas Martín por supuestamente haberse lucrado de las operaciones de la trama a la que la Fiscalía atribuye delitos de cohecho, malversación, falsedad documental, prevaricación, revelación de secretos, fraude y asociación ilícita.
Según la Fiscalía, Déniz habría recibido de Urbaser regalos y pagos en metálicos, un viaje a Kenia junto a otro investigado, Felipe Fernández Camero, con sus respectivas parejas; más de 120.000 euros en efectivo, un mueble de salón, un reloj Rólex, un bolso Loewe, entradas para la ópera, pasajes de avión en primera clase y estancias en hoteles de cinco estrellas, entre otras prebendas.
Además, la exalcaldesa de Arrecife habría recibido de la empresa FCC viajes a Marraquech (Marruecos) para ella y ocho miembros de su familia, que generó un gasto de 16.674 euros.
El exsecretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero, quien se encargaba de asesorar legalmente al Consistorio y formaba parte de la mesa de contratación, se enfrentaba hasta ahora a una condena 11 años y seis meses de prisión, así como a 18 años de inhabilitación, mientras que para el jefe de la Oficina Técnica se reclaman 20 años y seis meses, la mayor pena.
Así mismo, se ha retirado la responsabilidad civil exigida a FCC y Urbaser, que en el caso de la primera ascendía a 8 millones de euros, pues era reclamada por la acusación popular ejercida por la Asociación de Juristas por la Defensa de la Legalidad y la Garantía del Proceso Jiménez de Asúa, que ya no figura en el proceso y además tampoco estaba facultada para reclamarla, ha indicado el fiscal.
La acusación popular y la ejercida por el Ayuntamiento de Arrecife se han adherido a los cambios introducidos por el fiscal Anticorrupción. EFE
