Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consultora Corporación 5 y el Grupo Newport han llamado este jueves a repensar el reparto de fondos europeos ante la cantidad de millones de euros que “se van por el sumidero”, y han planteado medidas como una mayor colaboración público-privada o una desburocratización de los procedimientos.
En estos términos se ha expresado José Carlos Francisco, presidente de Corporación 5 y también del Consejo Económico y Social, en la presentación de la novena edición de Papeles de Economía “Radiografía de los fondos europeos en Canarias”.
Francisco ha calculado que Canarias ha dejado de ejecutar en torno a unos 5.000 millones de euros de fondos europeos en los diferentes marcos financieros plurianuales.
En el plan plurianial 2014-2020, que incluye los fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), FEADER (Fondo Europeo para la Agricultura y el Desarrollo Rural) y FSE (Fondo Social Europeo), Canarias ha ejecutado un 56,8% de los mismos.
La estimación que hace el informe de Corporación 5 y Newport sobre la ejecución de fondos Next Generation entre 2021 y 2023 es de un 18,6%.
José Miguel González, director de consultoría de Corporación 5, ha achacado a una “falta de gestión” estos índices de ejecución de fondos europeos, pues considera que la incorporación de más personal para su tramitación no ha dado los resultados esperados, y ha suscrito la demanda de mayor transparencia en este sentido por parte de la Audiencia de Cuentas.
González ha hecho hincapié en que “tan importante es lo que se ejecuta como lo que se deja de ejecutar”, pues se ha dejado de ejecutar una media del 0,31% del PIB canario anual, y como quiera que los fondos Next Generation tienen una capacidad de generación de un 5,85% del PIB ha abogado por revisar el sistema.
Empezando por mejorar y facilitar la colaboración público privada de los fondos, para “agilizar los procesos de asignación” de los mismos.
Yasmina Newport, directora general del Grupo Newport, ha recordado en este sentido la experiencia positiva del reparto de los fondos covid-19, en la que la administración pública contó con la colaboración de las Cámaras de Comercio.
José Miguel González ha reivindicado la “presunción de inocencia” de las empresas privadas y ha sugerido algunas medidas para facilitar su acceso a fondos europeos, como el silencio administrativo positivo o la declaración responsable.
Ha puntualizado que no reclaman “laxitud”, sino una adecuada observación de la seguridad jurídica, porque lo contrario genera “inmovilismo”.
José Carlos Francisco ha hablado de convocatorias de ayudas europeas en las que se da de plazo para la ejecución de los programas subvencionables de cuatro a seis meses, lo que al final acaba provocando que se pierda “un montón de dinero”.
Ha indicado que el estudio presentado hoy “no pretende solucionar un asunto tan complejo”, en vista de que las directivas europeas “marcan el camino”, sino llamar a la reflexión sobre un hecho: “tradicionalmente perdemos la mitad de los fondos por las razones que sean”.
Ha abundado en que el Gobierno de Canarias, y en general todas las administraciones, “ejecuta bien” los gastos de personal, como sucedió con la contratación de más sanitarios y profesores, no tanto cuando se trata de inversiones para digitalización, sostenibilidad o economía circular.
“Tenemos un problema y una oportunidad” ante la cantidad ingente de fondos europeos asignados a Canarias, ha proclamado José Carlos Francisco, quien ha añadido que si se cambia el modelo “la podremos aprovechar”.
