Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La cooperación al desarrollo canaria ha salido esta legislatura del vagón de cola de España, donde estaba en 2019, hasta situarse en el puesto once, aún por debajo de la media, según el director general de Relaciones Exteriores del Ejecutivo regional, Juan Francisco Trujillo.
Así lo ha subrayado Trujillo este martes en una rueda de prensa donde ha hecho balance del trabajo desarrollado por el Gobierno canario en este ámbito en los últimos cuatro años, en los que ha “recuperado” la cooperación al desarrollo, después de que “desapareciera” de sus políticas entre 2009 y 2018.
La estrategia desplegada a partir de 2021, con el horizonte puesto en 2024, ha permitido consignar para cada una de estas anualidades 3,1, 3,9, 6,6 y 8,2 millones de euros, unos presupuestos con los que se ha dado continuidad al trabajo que desarrollan los actores de la cooperación (ONG, universidades públicas, asociaciones empresariales y sindicatos).
A ella se ha sumado la puesta en marcha de la Estrategia Canaria de Educación para la Ciudadanía Global y la Transformación Social, para cuya materialización se han presupuestado 150.000 euros en 2022, 180.000 euros en 2023 y 216.000 euros para 2024.
Trujillo ha presentado este martes cuatro proyectos humanitarios a los que el Gobierno de Canarias ayuda con 610.000 euros que permitirán cubrir necesidades básicas, evitar la desnutrición infantil y apoyar la escolarización de niños en Siria, Mauritania, Venezuela y Sudán.
Según ha explicado el codirector de la ONG canaria Sic4Change, dedicada a la búsqueda de soluciones a problemas sociales a través de la innovación, Borja Monreal, una de estas iniciativas subvencionadas por el Ejecutivo canario y avalada por el Programa Mundial de Alimentos de la ONU consistirá en prevenir las muertes por desnutrición en el sur de Mauritania, un riesgo que se agudiza cada mes de junio, cuando se acaban las cosechas del año anterior.
Y es algo que ocurre este año con más crudeza, dada la sequía y el encarecimiento de los alimentos por la guerra en Ucrania.
Este proyecto de base innovadora, que comenzará a materializarse en 2024 y con el que también participa el Gobierno de Mauritania, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y empresas privadas, se ayudará de tecnología hecha en Canarias -con apoyo de su Agencia de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información- para adelantar diagnósticos de desnutrición, una detección temprana en la que se implicará a 11.000 familias con el fin de evitar que 1.200 niños sufran desnutrición severa, que tendría efectos irreversibles en su crecimiento.
Monreal ha explicado que la fórmula a aplicar será la del pago por resultados, un incentivo que se ofrecerá a los participantes, quienes realizarán barridos sistemáticos de datos en tiempo real, que luego se validarán en centros de tratamiento y que no se podrán modificar, una experiencia que ya se ha probado en Guatemala y Mauritania con resultados satisfactorios.
En representación del PMA, Sandra Jiménez ha destacado que este tipo de soluciones eficaces, que maximizan el uso de los recursos de que se disponen y cuyos resultados tienen impacto, permiten mejorar la situación de las personas a las que se dirigen, son las que busca este programa de la ONU, que advierte de que la pandemia de la covid-19, el cambio climático y la guerra han multiplicado por dos, hasta situarlas en 350 millones, las personas afectadas en el mundo por la inseguridad alimentaria.
Jiménez ha subrayado que “ninguna crisis es más prioritaria que otra” y que todas requieren atención, si bien ha precisado que las que más preocupan son las que se viven en Yemen, Siria y el Cuerno de África, en especial las que se dan en Sudán del Sur, Etiopía o Somalia, país donde, por factores diversos, se registran las peores sequías de la última década, siendo el cambio climático la primera causa del hambre y la inseguridad alimentaria.
Por ello, la ayuda humanitaria que parte de la base logística que el PMA posee en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria se dirige, fundamentalmente, a países costeros del África Occidental y a otros de América Latina, como Cuba o Haití.
Jiménez ha resaltado que la actividad que desarrolla el PMA sufre de “la fatiga de sus donantes”, lo que hace crecer la brecha entre las necesidades y las contribuciones que recibe, algo que, a su juicio, solo se puede solventar con soluciones innovadoras de impacto.
En representación de Unicef, su presidenta en Canarias, Rosa Suárez, ha explicado que el proyecto que esta ONG pretende desarrollar en Venezuela consiste en contribuir al funcionamiento de escuelas de capacitación para niños vulnerables, para que no abandonen la escolarización o se incorporen a la educación, que muchos dejaron durante la pandemia para realizar trabajos domésticos o laborales.
Suárez ha resaltado que, por este motivo y por falta de material, en Venezuela hay 1,5 millones de niños que no están escolarizados a día de hoy, una situación a la que también contribuye la carencia de formación de los docentes.
Para tratar de revertir esta situación, Unicef, con ayuda del Gobierno canario, y el Ejecutivo venezolano han diseñado un plan vigente entre 2015 y 2025 que permitirá brindar educación de calidad a 15.000 niños de ese país.
En representación del Centro de Cooperación con África que Cruz Roja gestiona en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, María del Mar Rodríguez ha explicado que el Gobierno canario colabora con esta base de distribución de alimentos de primera necesidad y ayuda humanitaria con entre 45.000 y 50.000 euros anuales.
La última operación desplegada desde él ha contado con una subvención de 150.000 euros y permitirá que el próximo 12 de julio lleguen a Sudán 23 toneladas de ayuda humanitaria. EFE
