Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El empresario Miguel Ángel Ramírez sostiene que Seguridad Integral Canaria (SIC) sería hoy “una de las primeras compañías del país” en su sector de no haber sido por el procedimiento por presunto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social por el que está siendo juzgado en la Audiencia de Las Palmas y en el que defiende que no ha cometido delito alguno.
En sus tres horas de declaración ante el tribunal, en la octava sesión del juicio, Ramírez ha asegurado que en Seguridad Integral se pagaban dietas por desplazamiento y kilometraje por la naturaleza del servicio que prestaban sus vigilantes y porque así se había acordado con el comité de empresa y que, ademas, se abonaban las horas extraordinarias, porque, de hecho, cuando en alguna ocasión no se hizo, los trabajadores las reclamaron y las ingresaron.
El empresario ha alegado que la propia Seguridad Social, en un informe, “no concluyó” que los pagos que hacía su empresa en concepto de dietas camuflaran horas extras, como mantienen la Fiscalía y el resto de acusaciones y han testificado durante la vista oral antiguos empleados y los inspectores de Seguridad Social y de Hacienda, que, según Ramírez, si hubieran hecho “bien” su trabajo podrían haber comprobado que “no hemos cometido delito alguno”.
Además, ha considerado que si la Seguridad Social no llega a reconocer que las horas extras se pagaban como dietas “se cae la causa”, que no entiende porque SIC “no debía dinero a nadie”, mientras otras empresas del sector mantienen deudas “multimillonarias” y se les reclama por la vía administrativa.
Ha citado el caso una firma a la que Hacienda ha prohibido contratos públicos por diferencias de cotización por horas extras no pagadas, y ha manifestado que “empresas con más problemas administrativos” que la suya “no están en la vía penal”.
Se apartaron del convenio colectivo del sector
Ramírez, a preguntas de su letrado, también ha dejado claro que en Seguridad Integral Canaria, cuando estaba él de responsable, no se hacían más de 80 horas extras al año, y que después el sistema lo cambió De Armas cuando se descolgó del convenio sectorial.
Ha recalcado que siempre ha cumplido “escrupulosamente” con toda las solicitudes de información que le plantearon las autoridades, facilitando los datos que le requirieron y haciendo frente a los pagos, y que él no es responsable de que uno de los jueces instructores utilizara esa información “con otro propósito” y la “prostituyera”, como hizo Salvador Alba en los hechos por los que está cumpliendo seis años de cárcel.
La información requerida fue aportada por Héctor de Armas con la amenaza de Alba de una orden de entrada y registro a la empresa en 24 horas, ha señalado Ramírez, quien ha precisado que la relativa a los años 2008 y 2009 él mismo la puso a disposición del juzgado porque en esos años él era el administrador, pero su “señoría dijo que no la necesitaba”.
En su declaración, también ha alegado que “tiene derecho a que no se manipule el procedimiento”. “Llevo años aguantando que no pago a la Seguridad Social, a Hacienda (…) que no pago a nadie”, se ha quejado.
Asimismo, ha defendido la gestión del otro procesado, Héctor de Armas, que le sucedió como administrador único en el verano de 2011, porque fue “un éxito”, hasta el punto de que consiguió que Seguridad Integral Canaria se convirtiera en la quinta del país.
Fue Héctor de Armas, según Ramírez, quien “tuvo la brillante idea” de aprovechar la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy para descolgarse del convenio colectivo del sector en España y dotar a la empresa de un pacto laboral propio con sus trabajadores y también preparó un segundo convenio que se activó en cuanto los tribunales anularon el primero.
Las intenciones de USO, según Ramírez
El empresario ha opinado además que al sindicato que denunció las presuntas irregularidades de Seguridad Integral Canaria, USO, “no le interesaba” que la empresa fuese la quinta de su sector en España. “Esa es la realidad”, ha añadido Ramírez, quien se ha acogido a su derecho a no declarar para no responder a las preguntas de la acusación que ejerce la citada representación sindical.
Miguel Ángel Ramírez ha subrayado que “jamás” ha sido inhabilitado judicialmente y ha recordado que la pena que se le impuso hace años por las obras realizadas en su casa, en una condena que luego fue anulada, solo se le prohibía administrar empresa del sector de la construcción, actividad en a la que él no se dedicaba.
Ramírez ha explicado que cuando decidió designar a Héctor de Armas como administrador único fue porque quería apartarse del mundo de la seguridad y dedicarse a sus otras empresas y porque también quería a alguien con un perfil profesional ante el crecimiento que experimentaba SIC.
Desde entonces ha asegurado que no tomó nunca decisiones, pues le correspondían a De Armas, quien incluso estando de baja médica seguía dirigiendo la empresa a través de un chat que está aportado al procedimiento.
A preguntas de su defensa, ha aclarado que desde que De Armas era administrador “no tuvo firma en ninguna cuenta corriente” de SIC ni tampoco capacidad para hacer movimientos, que en las pólizas de crédito que firmó en 2011, 2012 y 2013 figuraba como avalista, y tampoco puede haber correos firmados por él en la cuenta de esa empresa, cuyo dominio no utilizaba.
Sobre el dinero que se dispuso de las cámaras acorazadas del Banco de España, ha señalado que él no cogió pero sí lo hizo Héctor de Armas, y que por ello lo denunció cuando se enteró de ellos después de que en 2018 le vendiera SIC, una operación en la que ha negado que le coaccionara, pues se la vendió porque tenía un plan estratégico para salvarla, ha afirmado Ramírez, quien ha indicado que el contrato lo redactó el abogado Sergio Armario y que en él reconocía que había administrado la empresa hasta entonces “sin intromisión” por su parte. EFE
