Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha anunciado que se retomarán las subvenciones a los ayuntamientos para que trabajen en la elaboración de sus respectivos planes generales de ordenación tras dos años sin convocarse.
Miranda ha detallado en comisión parlamentaria que están preparadas las bases para hacer en 2024 una convocatoria anticipada y “adelantar la gestión” en materia de ordenación “sin perder un minuto”.
Asimismo, ha anunciado que en cuestión de días se transferirán unas subvenciones de planeamiento al Cabildo de La Palma y a los ayuntamientos afectados por la erupción volcánica de 2021 tras una modificación presupuestaria por no haber podido sacar la convocatoria por “dificultades administrativas”.
La filosofía de su consejería, ha proclamado Miranda, es “recuperar el liderazgo” en materia de planificación y ordenación territorial, promoviendo “el trabajo conjunto” con cabildos y ayuntamientos para aprobar planes generales, insulares “y por qué no, planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales”.
El consejero ha ahondado en la necesidad de dar “agilidad” al trabajo de planeamiento y de analizar aquellas “deficiencias” de la Ley del Suelo que haya que corregir en sus seis años de vida, ante la constatación de que es “demasiado ambiciosa” al delegar esta labor en los municipios.
Ha abundado en que la ley, aunque “ha sido positiva”, “tiene cuestiones a mejorar”, pues delegar en las administraciones insulares y locales “no es la solución”, sin dejar por ello de respetar su “autonomía”.
“De ahí la importancia de dar estas ayudas” y de poner a disposición de los ayuntamientos los servicios de las empresas públicas Gesplan, Gestur y Grafcan, ha aseverado.
También ha advertido de que la Ley del Suelo habrá que “modularla” con la del Cambio Climático, pues esta última, aprobada en la pasada legislatura, genera “interferencias” que “pueden dificultar la tramitación de los planes”.
El consejero de Política Territorial ha anunciado que la idea es “arrancar cuanto antes un proceso de participación global” de todas las administraciones para “recabar toda la información necesaria antes de proponer modificaciones” de la Ley del Suelo, además de un proceso de debate dentro de los servicios de la consejería” con el mismo propósito.
Del resto de competencias de su consejería, Manuel Miranda ha indicado que el Gobierno de Canarias no el problema del agua es “un problema” que hay que afrontar “con urgencia”.
Ha asegurado que desde el Gobierno de Canarias no se interferirá en los consejos insulares de agua ni en los planes hidrológicos de cada isla, pero sí se velará por una “política común” para todas las islas, y ha deslizado la posibilidad de un plan hidrológico de aplicación para todo el archipiélago.
Ha avanzado asimismo que planes de emergencia como el de erupciones volcánicas (Pevolca) o de incendios forestales (Infoca) “necesitan un nuevo tratamiento y actualización”, y que se trabajará en el desarrollo de una ley canaria de protección civil.
“Necesitamos más recursos, tecnología y capacidad de respuesta ante cada vez más complejas situaciones de emergencias”, que requieren también de “planificación, prevención y divulgación”, ha observado.
Para todas estas tareas que afronta en la recién iniciada legislatura “hay fondos y proyectos, pero hay que ejecutarlos”, y ahí es donde está “la dificultad y el empeño” del equipo de trabajo que encabeza, ha proclamado.
El diputado del Grupo Socialista Jorge González ha cuestionado la “segregación” de la consejería en dos áreas: política territorial, cohesión y aguas por un lado, y transición ecológica por otro.
González ha recordado el voto en contra del PSOE de la Ley del Suelo en vigor porque anticipaba los problemas de gestión por parte de los ayuntamientos que hoy se ha puesto de relieve, y le ha preguntado al consejero por qué varios decretos del proceso de reconstrucción de La Palma se consideran “anticonstitucionales”.
Manuel Miranda le ha respondido que invaden competencias municipales.
El diputado socialista ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con la popular Luz Reverón a cuenta del rechazo de su partido a la Ley de Cambio Climático porque “nunca le gustó”.
Reverón le ha afeado esa simplificación de su planteamiento, por la que posteriormente aquel ha pedido disculpas, y ha esgrimido que si el PP votó en contra fue porque esa ley es “ideológica” y “sectaria”, ya que no se tuvieron en cuenta las más de 90 alegaciones que ella presentó en nombre de técnicos del Gobierno, y porque además “está paralizando toda la actividad” en Canarias.
La diputada del PP ha coincidido con el consejero en que los grupos que aprobaron la Ley del Suelo en 2017, CC, PP y ASG, puso “unas metas muy altas” al entender que los ayuntamientos eran “mayores de edad” para hacer su propia planificación, pero se ha visto que no han contado con los medios personales y técnicos necesarios.
También ha criticado que el anterior gobierno dijera “muchas veces” que la actualizaría pero solo lo hizo a través de “modificaciones encubiertas” a través de otros decretos leyes y de la Ley del Cambio Climático.
Luis Campos, de Nueva Canarias, ha admitido que le habría gustado que se avanzara más en materia de planificación en la anterior legislatura, que “no fue normal” porque fueron viniendo emergencias “una detrás de otra”, en especial la erupción volcánica, en la que se enfocaron “todos los esfuerzos” durante meses, incluso años.
Sobre la modificación de la Ley del Suelo, Campos ha pedido la recuperación de un órgano como la COTMAC (Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias), cuya desaparición se ha revelado “un fracaso absoluto”, pues el único plan aprobado con la nueva ley es el de El Pinar de El Hierro; y acabar con las “puertas traseras” para saltarse procesos de participación.
Además, el diputado de Nueva Canarias ha apelado a la “valentía, incluso la osadía”, a la hora de tomar decisiones sobre el reto demográfico, pues “contentar a todo el mundo no va a ser la solución”.
Natalia Évora, del Grupo Nacionalista, ha abogado por que las administraciones vayan “de la mano” a la hora de acometer “las modificaciones necesarias” en las leyes del Suelo y del Cambio Climático “para simplificar la normativa”, que está “frenando la planificación” en Canarias.
Asimismo, ha urgido una planificación de las infraestructuras hidráulicas y exigido en el avance del protocolo de obras conveniadas con el Estado, y ha avalado la necesidad de reforzar los medios de emergencias.
Javier Nieto, de Vox, ha advertido del “desastre” que supondría un ‘cero hídrico’, con peores consecuencias que el energético en La Gomera, y se ha preguntado si existe un plan de prevención y de actuación “ante este escenario terrible”.
En cuanto a la planificación territorial, ha apreciado un “exceso de normativa” y ha abogado por “algo más de flexibilidad”.
Jesús Ramos (ASG) y Raúl Acosta (AHI) han coincidido en la necesidad de trabajar en materia de cohesión territorial en pos de una “igualdad de oportunidades”, al igual que a la hora de fijar población. EFE
