Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- Cuatro patronales turísticas canarias -las de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la provincia de Las Palmas, la isla de Fuerteventura y la de Lanzarote- han denunciado este miércoles lo que consideran un ataque del Gobierno de España a las obras de renovación del hotel Riu Oliva Beach, en Fuerteventura.
En un comunicado conjunto, las patronales han mostrado su “estupor e indignación” con la actitud que tiene el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) respecto de las competencias del archipiélago en la gestión de su litoral y por el “abierto desprecio” que, a su juicio, muestra a la transferencia de competencias en materia de Costas que la propia administración estatal firmó con el Gobierno de Canarias en 2022.
Han puesto el foco en lo que entienden como un proceder por parte del Estado “totalmente contradictorio con los propios actos del Ministerio”, que transfirió las competencias en la materia que actualmente ya corresponden al Gobierno canario, tal y como estipula el Estatuto de Autonomía de Canarias.
Las patronales turísticas han tachado la actitud del Estado respecto de este complejo turístico de Corralejo, al norte de Fuerteventura, como de “abuso de poder, por su pretensión de sustraer a la comunidad autónoma las competencias que tiene asumidas”.
Además, han advertido que las consecuencias de la paralización cautelar de las obras de reforma previstas en el complejo, que ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) recientemente a instancias del propio Ministerio, “son gravísimas para la actividad en sí y la estabilidad de los puestos de trabajo”, de la que se pueden ver afectadas más de 400 familias.
Esa decisión, han señalado, “forzará un nuevo cierre de las instalaciones del hotel, justo cuando la empresa culminaba los trámites para acometer los trabajos de rehabilitación acordes con la concesión administrativa en vigor”.
Las patronales turísticas han respaldado “plenamente” los argumentos que ha esgrimido la empresa en defensa de sus derechos, así como “la firmeza del Gobierno de Canarias para sostener en las instancias adecuadas, incluidas las judiciales, la plena facultad de la comunidad autónoma para ejercer las competencias transferidas, a salvo de intromisiones y actitudes hostiles que resultan totalmente intolerables y dejan entrever una visión arrogante y además muy poco compatible con los principios del autogobierno”.
“Cabe recordar que la autorización concedida por el Ejecutivo autonómico en la pasada legislatura para las obras de renovación del Oliva Beach se produjo con pleno respeto a las medidas de protección medioambiental y cuidado en las actuaciones en el litoral”, defienden los empresarios del sector. EFE
