Las Palmas de Gran Canaria, (EFE).- El PP en el Cabildo de Gran Canaria ha instado este miércoles a la Corporación insular a que investigue, al margen de la Fiscalía de Las Palmas, lo que está sucediendo en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual de la isla, y ha solicitado la comparecencia de la consejera de Política Social, Isabel Mena.
El portavoz del grupo popular en el Cabildo insular, Miguel Jorge Blanco, ha señalado a los medios de comunicación que pedirá la comparecencia de Mena para que explique cuál es la situación en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual (CADI), de sus usuarios y de las instalaciones, después de la denuncia de tres familias en la Cadena Ser en Las Palmas.
Mostraban fotografías del mal estado de las instalaciones del centro situado en San José de Las Longueras, municipio de Telde, y del aparente abandono de algunos de sus usuarios, que aparecen con ropas orinadas.
Unas denuncias que ya han llegado hasta la Fiscalía, que ha abierto diligencias informativas civiles, y que solicitará al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (IASS) y al Gobierno de Canarias informes de inspección a partir de los cuales seguirán con el proceso indagatorio.
Informes de inspección
Miguel Jorge Blanco también ha anunciado que el PP solicitará al Cabildo los informes de inspección que, según Mena, se han llevado a cabo en las instalaciones del CADI de San José de Las Longueras, pero también de los otros tres que gestiona la entidad Grupo 5 Acción y Gestión Social en Las Palmas de Gran Canaria, Santa María de Guía y El Tablero de Maspalomas.
“Nos llama la atención que la consejera haya dicho que, efectivamente, ha habido juntas de inspección, pero la situación de las instalaciones y las infraestructuras en esos CADI siguen siendo francamente lamentables, indignas del trato hacia personas con discapacidad”, ha lamentado el portavoz popular.
Además, ha insistido en que no se conforman con que Mena “diga que está encantada porque la Fiscalía va a actuar”, instando al Cabildo a que también investigue por su cuenta.
El PP ha denunciado que, más allá de la denuncia de las familias sobre la intención de quitar el agua embotellada a los usuarios, “una falta absoluta de sensibilidad por parte del adjudicatario”, existen unas instalaciones “muy deficitarias”.
“Cuando eso lo analizamos teniendo en cuenta que el Cabildo disponía de 44 millones de euros para invertir en mejoras de las distintas instalaciones, y solo llegó a ejecutar 7 millones de euros, un 16 %, pues al final la verdad es que se le va a uno el alma a los pies”, ha concluido Blanco. EFE
