Los Llanos de Aridane (La Palma) (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto con su vicepresidente, Manuel Domínguez, se ha reunido este viernes con afectados por la erupción de La Palma para “contarle a los vecinos nuestras acciones en los primeros cien días de gobierno, dar certezas y buscar soluciones”.
Clavijo ha destacado las prioridades y acciones emprendidas por su administración desde que asumió el cargo, resaltando la dedicación para resolver problemas en lugar de “vender relatos”.
“Nos hemos centrado en resolver los problemas y prioridades que afectan a los afectados por el volcán”, afirmó el presidente de Canarias, añadiendo que “hemos asignado recursos económicos suficientes en nuestros presupuestos plurianuales para los próximos cuatro años, con una inversión de 50 millones de euros”.
Fernando Clavijo hizo hincapié en la labor realizada para corregir los decretos de reconstrucción, que, según ha afirmado, “habían recibido informes negativos por parte del Estado y no habían dado respuesta a las peticiones de los vecinos”.
El vicepresidente de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, ha destacado también la partida económica destinada a la Palma en los presupuestos para 2024, “tal y como nos hemos comprometido para hacer frente a pagos efectivos”.
Domínguez ha instado al Gobierno de España a que “esté a la altura” y transfiera 100 millones de euros en los próximos cuatro años para “hacer frente a las demandas ansiadas por los vecinos de La Palma”.
Acerca de los decretos, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, explicó algunas de las irregularidades descubiertas “a finales del mes de julio, cuando conocimos que los decretos tenían advertencias del Ministerio de Presidencia sobre su inconstitucionalidad por invadir propiedad privada y competencias estatales”.
Además, mencionó la necesidad de realizar una evaluación ambiental en ambos decretos, lo que supondría un retraso en su aprobación “que podría ser de años”.
La consejera también señaló que los acuerdos con la Unión Europea relacionados con las ayudas al sector platanero implican unos compromisos pactados con Europa “que no se han cumplido”, además de advertencias sobre “posibles demandas en contra del decreto agrícola”.