Las Palmas de Gran Canaria, (EFE).- La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha mantenido este viernes una primera reunión con la comisión de afectados por la Ley de Costas en las Islas para establecer la hoja de ruta a seguir por la administración y establecer dos líneas de actuación.
Según ha explicado el director general de Costas y Gestión del Litoral del Gobierno autonómico, Antonio Acosta, la primera línea de actuación irá encaminada al “cumplimiento de la ley, pero con un asesoramiento legal”, tanto de la propia Consejería como externo.
La segunda de las líneas tendrá que ver con la ordenación del litoral para saber exactamente cuáles son las características propias de cada uno de los núcleos afectados, según ha indicado a los medios de comunicación al término de la reunión.
Entre los núcleos afectados, “el más llamativo”, ha dicho, es el de Los Molinos, en Fuerteventura, cuyo derribo fue paralizado por la justicia hace pocas fechas, pero también ha habido representación en la reunión de vecinos de los barrios costeros de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria).
Núcleos afectados en todas las islas
Aunque ha reconocido que no tienen un número global de afectados por la mencionada ley, Acosta ha asegurado que hay núcleos en todas las islas del archipiélago. Ha dicho que están trabajando en un informe jurídico para que el Gobierno canario tenga clara la posición que puede tener respecto a las órdenes de derribo. Al mismo tiempo, harán “un censo de todos los núcleos” para saber esa cantidad de afectados.
“No hay una solución exclusiva, hay afectados directamente por dominio público, casas que están en tránsito, casas que están afectadas poquito, otras que han ocupado el dominio en su totalidad. Habrá situaciones en que podamos intervenir y salvar”, ha subrayado para luego añadir que, una vez se tenga el censo, sabrán de forma más clara cuáles se pueden salvar y cuáles no.
Esta comisión está abierta a “cualquier tipo de colectivo o asociación” afectada por las consecuencias de la normativa, y desde el Gobierno se ha llamado a trabajar de manera coordinada con los cabildos y municipios “para sacar adelante todas las situaciones complejas” que existen. EFE
