Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha asegurado que hará todo lo posible para obtener más fondos estatales y europeos para mejorar los presupuestos para políticas sociales en 2024, después de que la oposición le reprochara en el Parlamento que solamente aumentan sus fondos propios en 32 millones de euros, de los 1.121 millones de incremento de gasto de la comunidad autónoma en 2024.
Delgado expuso en comisión parlamentaria sus cuentas para 2024, inicialmente fijadas en 715 millones de euros, pero que aumentarán al menos a 832 millones tras los últimos acuerdos alcanzados en las comisiones sectoriales con el Estado, que suponen para Canarias 117 millones más para menores migrantes no acompañados, dependencia, discapacidad o lucha contra la pobreza.
Con estos 117 millones adicionales, la Consejería dispondrá de 244 millones de financiación estatal y europea en 2024, lo que le permitirá gestionar unos 832 millones de euros en total, frente a los aproximadamente 681 millones de 2023.
Además, la consejera anunció que intentará que Canarias pueda disponer de fondos estatales procedentes del plan de recuperación y resiliencia que no han ejecutado otras comunidades, que se destinarían a la construcción de centros permanentes de primera acogida para menores migrantes, de manera que no haya que ampliar los sistemas de atención cada vez que se produce un repunte migratorio.
Candelaria Delgado expuso en la comisión parlamentaria que del presupuesto de su departamento las principales partidas serán para dependencia (280 millones de euros), para servicios sociales (163 millones) y para infancia y familia (104 millones).
Habrá un aumento de 150 millones para discapacidad y dependencia, un 7,09% más, dijo la consejera, así como siete millones de euros adicionales para la renta de ciudadanía, hasta los 89 millones de euros.
“Nunca va a ser suficiente”, admitió Delgado, quien explicó que no se podrá poner en marcha el complemento a las pensiones no contributivas al menos hasta que se apruebe el correspondiente decreto a lo largo del primer semestre de 2024.
Tampoco se podrán complementar puntualmente esas pensiones no contributivas como se hizo en años anteriores por el anterior Gobierno al no estar vigentes las excepcionalidades con motivo de la pandemia, lo que supondría que las ayudas computaran como ingresos adicionales para las unidades familiares beneficiadas.
Explicó la consejera que el catálogo de servicios sociales previsto en la ley no estará disponible hasta que no se concluya el plan estratégicos que se está diseñando.
En cuanto a las plazas sociosanitarias, dijo que el incumplimiento en la ejecución del segundo plan de servicios sociosanitarios de 2017 es achacable a los cabildos y se va a intentar recuperar esos planes a través de un tercer plan financiado con fondos europeos.
Entre tanto “tenemos una estrategia para sacar a todos los mayores de los centros sanitarios” y alojarlos en “centros de tránsito” hasta que se disponga de plazas sociosanitarias.
Sin recortes
Candelaria Delgado aseguró que no habrá “ningún recorte” en políticas contra la violencia machista pese a que en los presupuestos disminuye la partida para el Instituto Canario de Igualdad, puesto que falta añadir las aportaciones del Estado a las comunidades autónomas.
La diputada del PSOE Elena Máñez dijo que a la vista de las explicaciones de la consejera es “el gobierno de Pedro Sánchez” el que salva el presupuesto de políticas sociales, el cual crece en realidad solamente en 33 millones de euros, cuando la Ley de Servicios Sociales de Canarias establece que debe crecer al menos en 55 millones para garantizar el mantenimiento del sistema.
Máñez dijo que el aumento de siete millones de euros en la renta de ciudadanía es insuficiente y en dependencia los recursos permanecen congelados en la práctica, porque gracias a la gestión del gobierno anterior hay más beneficiarios dentro del sistema.
Denunció la diputada socialista que “no hay un compromiso” para desarrollar el catálogo de prestaciones sociales, que no hay apoyo a los ayuntamientos para reforzar sus equipos de trabajadores sociales, que se renuncia a complementar las pensiones no contributivas y que se recortan los fondos para las mujeres víctimas de violencia machista.
Natalia Santana, de Nueva Canarias, criticó que del aumento del presupuesto autonómico de 1.121 millones de euros en 2024 solo se destinen 32 millones a las políticas sociales, lo que deja claro que el Gobierno de CC y PP no tiene entre sus prioridades “defender a los mas vulnerables”, lo que queda claro al comprobar que ni siquiera se cumple con los 55 millones previstos en la Ley de Servicios Sociales.
La diputada de Vox Marta Gómez consideró que habiendo tantas necesidades sociales entre los canarios y 153.000 menores en riesgo de pobreza en las islas, son estas personas las que deben recibir prioritariamente las ayudas públicas y no las que “llegan de manera ilegal”.
Jana González, CC, reprochó a la oposición de PSOE y NC que pidan a este gobierno “lo que otros no hicieron en cuatro años” y destacó que con unos fondos europeos por la pandemia que “se van agotando” el ejecutivo ha subido el presupuesto social en una 5 por ciento.
Rosa Faustina Viera, del PP, elogió el presupuesto de 2024 para que “Canarias deje de estar en la cola y pueda ser un referente en servicios sociales, frente a “una herencia” en la que el Gobierno de Canarias tuvo “más dinero que nunca” pero “peor gestión que nunca”.
Melodie Mendoza, de ASG, demandó que se desarrolle el plan de pobreza infantil y la Ley de servicios sociales “para que tenga operatividad plena en esta legislatura”, mientras que Raúl Acosta, de AHI, se mostró satisfecho con el mantenimiento de la protección social por parte del Gobierno canario. EFE
