Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La lista de espera en dependencia se ha reducido en cuatro meses, ha afirmado este martes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien ha asegurado que el anterior Gobierno regional dio orden de paralizar las solicitudes de revisión de grado presentadas desde 2017.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha indicado en comisión parlamentaria este martes que hasta julio pasado el tiempo que se tardaba en resolver la solicitud de dependencia era de 817 días, es decir, algo más de dos años, y actualmente se ha fijado en 687 días.
Esta disminución ha sido posible gracias a las medidas de choque puestas en marcha tras reforzar el personal, al pasar de 24 a 35 las personas que realizan la valoración y el Gobierno confía en que a final de año “se esté al día en la grabación de todas las solicitudes presentadas por los usuarios”, ha añadido Delgado.
Al respecto, la consejera ha asegurado que en 2022 se grabaron en el sistema 4.880 solicitudes, mientras que en lo que va de este año se han grabado 6.844 nuevas solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia.
Con el refuerzo del personal se podrán sacar mensualmente 624 resoluciones de grado más con lo que “estamos en el camino de dar una respuesta real a la dependencia en Canarias”, ha explicado la consejera, para indicar que mientras en julio de este año se grababan solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia con fecha de registro de entrada de 2022, en la actualidad se están grabando solicitudes del segundo semestre de 2023.
Incluso la situación de la atención a las personas dependientes de La Gomera, La Palma, El Hierro y Fuerteventura arroja datos más positivos “y hoy podemos afirmar que estamos al día en cuanto a dar respuesta a las solicitudes de valoración de reconocimiento inicial de la situación de dependencia presentadas en estas islas”.
Además, ha anunciado la publicación en el Boletín Oficial del Estado de ayer del convenio entre Estado y Canarias para la financiación del nivel de protección acordado para 2023, que supone una financiación para Canarias de 29 millones de euros por parte del Gobierno central, a los cuales se sumarán otros 29 millones que aporta la propia Comunidad Autónoma.
Al llegar a la Consejería “nos encontramos con que se había dado orden de paralizar las solicitudes de revisiones de grado presentadas desde 2017” y desde julio de 2023 hasta hoy se han valorado 584 solicitudes de revisión de grado de la situación de dependencia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 365 en la provincia de las Palmas, más del triple de solicitudes que las tramitadas en los últimos años, ha continuado la consejera.
A estas acciones se suman la puesta en marcha del Registro Auxiliar de Entrada y Punto de Información en las dos capitales canarias, que permite atender presencialmente y con cita previa a las personas dependientes, la formación de 35 agentes del 012 para dar información especializada en materia de dependencia; la creación de las Unidades Orgánicas para agilizar la entrada de documentación y la formalización de un programa informático de la gestión en materia de dependencia.
Además, desde este mes la Dirección General de Dependencia ha adelantado el pago de las prestaciones económicas y se abonan a partir del día 25.
La consejera ha recordado que también se está elaborando un nuevo decreto que unificará en un solo acto administrativo la resolución de grado de dependencia y la del plan individualizado de atención, es decir, se hará de manera simultánea la valoración del nivel de dependencia y de las prestaciones que debe recibir el usuario.
Esta medida de simplificación administrativa mejorará notablemente los plazos con el objetivo de cumplir lo establecido en la ley de Dependencia, que fija un máximo de seis meses para estos trámites.
La diputada Rosa Faustina Vera, del grupo Popular, ha hablado de “cifras duras” durante la pasada legislatura en este ámbito pues, en su opinión, el 57 por ciento de la disminución en la lista de espera en dependencia se debió al fallecimiento de personas inscritas.
6.000 personas en el “limbo”
Había “un limbo” de 6.000 personas con la dependencia reconocida y una prestación aprobada pero que no la percibían por lo que el anterior, ha asegurado, dio la orden de no iniciar nuevos procedimientos, algo que ha calificado de “increíble y muy triste”, mientras que ahora “pinta muy bien” porque la gestión en esta materia es una prioridad para el Gobierno regional.
Para Raúl Acosta, del grupo Mixto por AHI, la dependencia y la discapacidad fueron “las grandes olvidadas” en la pasada legislatura y ha criticado que 3.203 personas fallecieron sin ser atendidas, “así es como se agilizaba la lista de espera”.
Melodie Mendoza, de Agrupación Socialista Gomera (ASG), ha precisado que en la pasada legislatura “sí se hizo un esfuerzo por la dependencia” y ha recordado que hay 6.335 personas con el plan individual de atención aprobado que aún no reciben la prestación y más de 4.000 llevan esperando más de seis meses para recibirla.
Por ello ha animado a la Consejería a proceder a la unificación de trámites “a la mayor brevedad posible”.
Elena Máñez, del grupo Socialista, ha agradecido a Melodie Mendoza que reconociese el trabajo realizado en la pasada legislatura y no cayese “en el negacionismo irracional”, para asegurar que los presupuestos en servicios sociales son “un fraude” porque “nos quiere vender lo que llega del Estado, y ustedes han recortado las prestaciones económicas”.
Por Nueva Canarias-Bloque Canarista la diputada Natalia Santana también ha discrepado de que no se hiciera nada en la legislatura anterior cuando, ha dicho, se aumentaron en 207 millones de euros las políticas sociales, mientras que el actual Ejecutivo incumple en sus primeros presupuestos el objetivo de fijar cada año al menos 55 millones en este ámbito.
La situación “no pinta bien” aunque la consejera “lo intenta decorar” con el incremento de fondos vía recursos estatales, ha manifestado la parlamentaria.
Jana González, del grupo Nacionalista Canario, ha subrayado que el Gobierno cree en el trabajo y la coordinación con todas las administraciones y no “en las varitas mágicas” de la pasada legislatura cuando, en su opinión, se condicionaba al personal para que concediese la prestación más precaria entre las establecidas en la ley de Dependencia y se pararon las revisiones de grado.
Marta Gómez, de Vox, ha afirmado que aún hay más de 5.500 personas en espera de un dictamen y queda “mucho trabajo por recorrer”, para criticar la falta de financiación suficiente para que el sistema sea sostenible. EFE
