Arrecife (Lanzarote) (EFE).- La Audiencia de Las Palmas ha aplazado hasta el 6 de octubre de 2025 el juicio de la segunda pieza del ‘caso Montecarlo’, en el que se acusa de delitos de corrupción a cinco exconcejales de Arrecife (Lanzarote), un empresario y a varios empleados del Ayuntamiento, entre ellos su antiguo interventor.
Este caso gira en torno a las adjudicaciones presuntamente irregulares por valor de más de tres millones de euros realizadas por el Ayuntamiento de Arrecife entre 2009 y 2012 a la empresa Tunera Producciones e iba a comenzar a juzgarse este lunes en Lanzarote.
Sin embargo, el presidente de la sección primera de la Audiencia, Miguel Angel Parramón, se ha visto obligado a suspenderlo al no acudir a la vista el abogado de oficio que se había asignado al acusado Lorenzo Lemaur, concejal de Cultura de Arrecife cuando sucedieron los hechos.
Parramón ha subrayado que es consciente del daño que este retraso supone tanto para la Administración de Justicia, como para los acusados, sus defensas y para el propio tribunal, pero ha señalado que es “absolutamente imposible” fijar una fecha anterior debido al calendario de juicios que tiene ya comprometido su sección.
En este procedimiento se juzga si varios concejales y empleados públicos del Ayuntamiento de Arrecife, entre ellos el interventor, Carlos Sáenz Melero, se concertaron con el empresario Eduardo Ferrer de la firma Tunera Producciones beneficiarle adjundicándole contratos y servicios de forma directa y al margen de lo que marca la ley.
La Fiscalía considera que, entre los años 2009 y 2012, el Ayuntamiento de Arrecife encargaba a la empresa Tunera Producciones, de forma “directa, verbal y sin expediente” la organización de eventos “con grosera vulneración de los principios de libre concurrencia, publicidad y acceso a las licitaciones que rigen la contratación de las Administraciones Públicas”.
Añade que, luego, se creaba “una apariencia de legalidad” fraccionando las facturas en cuantías “a capricho del proveedor” y “sin que conste que se acreditara por los responsables municipales el cumplimiento de los servicios en los términos que se facturaban”, todo ello con el visto bueno del interventor, uno de los principales procesados, y de los concejales de Hacienda.
El Ministerio Público también acusa a los procesados de haber dado un trato de favor a Tunera Producciones cuando el Estado articuló en 2011, en plena crisis económica, una vía para que los ayuntamientos pagaran a sus proveedores a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). A su juicio, incluyeron facturas de esa empresa infringiendo ?deliberadamente? el principio de prelación de pagos.
La Fiscalía estima que, gracias a la mediación de los acusados, el Ayuntamiento de Arrecife abonó en esos cuatro años “arbitraria y fraudulentamente” a Tunera Producciones “la cantidad mínima” de 3.273.246,71 euros, de los cuales al menos la cuantía de 121.182,24 euros obedece a pagos por servicios no prestados”.
Para el Ministerio Público, los hechos que atribuye a los procesados constituyen varios delitos de prevaricación administrativa en concurso con malversación, fraude y falsedad documental.
Las penas que solicita son las siguientes: seis años de cárcel y diez de inhabilitación para el interventor Carlos Sáenz y el empresario Eduardo José Ferrer, y cuatro años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación para los concejales de la época José Montelongo (exalcalde de la ciudad y actual director de la Escuela de Servicios Sociales y Sanitarios de Canarias), Eduardo Lasso y Lorenzo Lemaur y para los empleados municipales M.A.L.C y J.N.C.
Asimismo, pide tres años de cárcel y nueve de inhabilitación para los exconcejales Isabel Martinón y Víctor Manuel San Ginés y para el funcionario municipal F.H.B, y tres años y cuatro meses de cárcel y seis de inhabilitación para el funcionario B.A.C.M. EFE
