Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Partido Popular en Canarias se ha reunido este miércoles para estudiar las posibilidades de cambios normativos que pudieran dar una mayor celeridad a la derivación de menores no acompañados hacia otras comunidades autónomas tras la petición del Senado el pasado lunes de que el Estado ampare y financie su distribución.
“Ya han podido ver que hay presidentes como el del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que ya se ha manifestado públicamente y con mucha claridad a favor de aceptar lo que ya se había acordado”, ha dicho Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias, en declaraciones a los medios antes de una reunión con los representantes de su formación en el Congreso de los Diputados, Senado y en el Parlamento autonómico.
“Tenemos que dar un paso más allá porque Canarias no puede soportar sola la situación que estamos viviendo, casi 6.000 menores no acompañados en nuestra tierra es una cifra que nos desborda, una cifra que no nos permite atenderles como se merecen, no solo porque sea una inversión económica que está en torno a los 10 millones de euros mensuales, sino porque, al mismo tiempo, no hay espacio”, ha añadido el también vicepresidente del Gobierno de Canarias.
Domínguez ha advertido, además, de que la situación incluso está generando un conflicto entre los presidentes de los diferentes Cabildos de las islas y que, desde su punto de vista, no se trata de un asunto menor y que hay que tratarlo con mucha preocupación y líneas específicas.
Durante la mesa de trabajo, la formación también ha tratado cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, particularmente la normativa sobre la regla de gasto que impide a Canarias disponer del supéravit de 300 millones de euros.
En este sentido, el presidente del Partido Popular de Canarias ha señalado esta cuestión será tratada entre todos los representantes de la formación para plasmar una estrategia conjunta del PP, “una línea de trabajo específica que nos lleve a plantear iniciativas y soluciones a un problema como ese”.
Domínguez ha reiterado que el Gobierno de Pedro Sánchez obliga a Canarias a pagar a los bancos intereses y amortizaciones de deuda “y, sin embargo, una comunidad como la nuestra que ha hecho bien las cosas, que no tiene deuda suficiente y que merece poder invertir en los derechos sociales, en la sanidad o en la educación esos 300 millones de euros, no lo puede hacer sencillamente porque las normas no nos lo permiten”.
“Han echado balones fuera desde el Gobierno central diciendo que es Europa que no lo permite, pero nosotros estamos dispuestos a dar la batalla”, ha insistido. EFE
