Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La administradora general de Radiotelevisión Canaria, María Méndez, ha reconocido que el 27 de febrero se produjo “un episodio aislado de censura” en un programa de una empresa productora contratada por el ente, aunque ha destacado la reacción rápida y efectiva de los implicados y ha anunciado medidas inmediatas para que no se repitan casos similares.
Méndez, que ha respondido a varias preguntas en la comisión de control de RTVC en el Parlamento de Canarias, ha anunciado que, a partir de ahora, todos los contratos que se suscriban con productoras incorporarán una instrucción para garantizar el cumplimiento de los principios rectores del ente público sobre la libertad de expresión y la separación clara de los contenidos de información y opinión.
El episodio se produjo el 27 de febrero en el programa “Conecta Canarias”, cuando el periodista Francisco Pomares fue interrumpido por “órdenes de dirección”, según dijo en directo la conductora del espacio, cuando intentaba hablar de la querella presentada por la Fiscalía contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y el exdiputado del grupo de Coalición Canaria Lucas Bravo de Laguna por un presunto fraude fiscal en el suministro de material sanitario al Gobierno de Canaria.
María Méndez ha afirmado este lunes en el Parlamento que ni en RTVC ni en las productoras externas existe la censura, ni se aplica ningún mecanismo de censura ni de presión con los periodistas, tertulianos o ciudadanos que se expresan en antena.
“Lo que vimos y escuchamos fue un episodio aislado de censura en el que se interrumpió la opinión de un colaborador”, un hecho “de naturaleza coercitiva que afecta a la libertad de expresión y que es inaceptable”, explicó.
Ocurrió en el programa de una productora contratada por RTVC sin que partiera orden ni recomendación ninguna del ente, que no tiene “responsabilidad directa”, ni tampoco de la administradora, agregó.
Sin embargo, lo ocurrido “no es en absoluto ajeno” al ente: “Pido disculpas a la ciudadanía, en un episodio concreto su televisión no estuvo a la altura, se alejó de su compromiso de servicio público y de facilitar la libre expresión de opiniones”.
María Méndez señaló que en cuanto tuvo conocimiento del episodio requirió a la productora que asumiera su responsabilidad, tras lo cual la empresa sustituyó a la persona que dirigía el programa y al día siguiente dedicó una parte del programa a explicar este caso.
La situación “se ha reconducido de manera adecuada, firme proporcionada y con la rapidez exigible”, concluyó Méndez.
A partir de ahora, y a la espera de que se elabore un código deontológico de obligado cumplimiento interno y de las productoras contratadas, que está pendiente desde 2021, se va a incorporar una instrucción expresa en todos los contratos externos que compromete a garantizar la libertad de expresión y la separación de información y opinión en todos los contenidos, indicó la administradora del ente público.
También se van a reforzar las funciones del productor delegado de RTVC en los programas contratados para garantizar el cumplimiento de estos principios, en particular en los programas que proliferan en los que se mezclan las informaciones y las opiniones, sobre todo para evitar la difusión de desinformación.
Méndez afirmó que, aunque ha sido “un hecho aislado”, no puede volver a repetirse, porque afecta a la reputación y a la imagen de RTVC y de sus profesionales, y también a la de las productoras externas y sus profesionales.
La diputada del PSOE Nira Fierro dijo que este episodio merece el rechazo total del Parlamento, de los trabajadores y de la administradora general.
Para Vidina Espino, de CC, la actuación fue “inadmisible, inaceptable y reprobable”, pero destacó la rápida reacción de María Méndez, lo que demuestra que el ente está en “una nueva etapa” en la que no cabe “la censura” que a su juicio existía en la legislatura anterior.
La diputada de NC-BC Carmen Hernández reconoció la reacción de la administradora y la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de RTVC y de la productora del programa, y consideró fundamental que quede “blindado” el respeto a la libertad de expresión en los contratos externos para que las consecuencias no sean solo “pedir perdón” o cambiar al director del programa.
Marta Gómez, de Vox, consideró “inaceptable” la vulneración de la libertad de expresión en el programa y unió eso a la opacidad den la contratación para demandar una reflexión sobre su los recursos públicos deben servir para financiar medios de comunicación en vez de necesidades sociales. EFE
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