Jorge Morales |
Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, reclama “valentía” a los alcaldes a la hora de regular la vivienda vacacional en sus respectivos planeamientos, en base a lo estipulado por la futura ley de ordenación del uso turístico de viviendas.
En una entrevista con EFE, De León indica que para que la nueva ordenación de esta actividad tenga éxito “todos los alcaldes, es un requisito sine qua non, tendrán que ser valientes”.
“Nunca lloverá a gusto de todos”, apunta la consejera, pues a quienes pretendan explotar una nueva vivienda vacacional “les parecerá injusto” que un ayuntamiento los sitúe en una zona tensionada y esa actividad quede vetada mientras dure esa condición.
“Los alcaldes recibirán presiones, como muy probablemente las reciba el Gobierno de Canarias en cuanto la gente se haya leído el anteproyecto” de ley de la vivienda vacacional, vaticina.
Recalca que la última palabra la tendrán los ayuntamientos, aunque el Gobierno de Canarias los acompañará en todo el procedimiento.
De hecho, hay programada para la próxima semana una reunión con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para trabajar en una ordenanza tipo, acompañada de planos de zonificación para que los ayuntamientos decidan qué zona está más tensionada y en cuáles van a poder dar o seguir dando licencias vacacionales.
Prohibir en determinadas zonas, competencia municipal
De León indica que lo que le han trasladado hasta ahora los alcaldes es que deseaban “tener una norma paraguas”, e insiste en que el ejecutivo regional “no se podía meter en la zonificación. No podríamos nunca prohibir el alquiler vacacional en ninguna zona porque es una competencia estrictamente municipal”.
“Esto tiene que descansar absolutamente en el ordenamiento municipal. Si no, seguimos creciendo de forma desmedida, sin control ni límites contra el planeamiento y al final los ayuntamientos que han podido aprobar un plan general” pueden verse en la tesitura de tener planificado un colegio en una zona residencial que, de facto, se ha convertido en turística, y esa previsión haya quedado desfasada porque ahora se demanden otro tipo de servicios.
Antes que con los ayuntamientos, el Gobierno de Canarias se reunirá este jueves con las patronales, incluida la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav).
La consejera dice que es “muy consciente de que es muy difícil contentar al 100% de los actores de esta película, pero es una decisión que teníamos que tomar, una media que nos viene exigiendo la ciudadanía desde el minuto uno y que redunda en el bienestar y el equilibrio roto que hay que restituir, y eso puede incomodar a algunas personas, pero ni todo vale ni todo tiene que estar permitido”.
Jéssica de León subraya que la futura ley “no va en contra de ningún propietario particular”, sino que, al contrario, “prohíbe de facto que edificios enteros estén destinados al alquiler vacacional y que haya un único propietario dueño de todas esas licencias levantando uso eminentemente turístico en suelo residencial”.
Aclara que las personas que vienen explotando una vivienda vacacional no se verán afectadas por las nuevas restricciones, y se les dará “carta de naturaleza” a la actividad clasificada salvo que sus declaraciones responsables sean “manifiestamente incorrectas”.
Se refiere a que una vivienda de protección oficial o sometida a cualquier otro tipo de régimen tiene prohibida la explotación comercial de ningún tipo, ni turística ni residencial, y éstas “desde el minuto uno no tendrían que haber estado en el mercado”.
Algunas viviendas tendrán que abandonar el mercado
El Gobierno de Canarias no tiene cuantificado un porcentaje de las viviendas protegidas que tendrán que salir del mercado y, por esta razón, hará una encomienda de gestión al Colegio de Registradores para cruzar datos propios con los suyos, ya que en el registro de la propiedad se especifica esta información.
Esto servirá al ejecutivo regional para dar de baja las declaraciones responsables de esas viviendas explotadas como vacacionales, ya que automáticamente perderán su código de registro exigido por el recién aprobado reglamento europeo de comercialización de plataformas.
La futura ley permitirá al Gobierno de Canarias sancionar a las plataformas en el caso de que no saquen de sus listados a estas viviendas, como también a sus propietarios, algo que ya podía hacer pero que, afirma la consejera, “era más complicado detectar” solo a través de una declaración responsable que “nadie te va a mirar” por el volumen de carga de los 35 inspectores en plantilla.
Razón por la que, opina Jéssica de León, en Canarias “hay bastante poca” vivienda vacacional no declarada, a diferencia de otras comunidades como Baleares o Andalucía.
Explica que el ejecutivo canario hizo un contraste entre su registro y las viviendas vacacionales comercializadas, y el desfase detectado “no se debe tanto a la ilegalidad sino a que hay gente que se cura en salud: pido la declaración responsable por si en algún momento inicio la actividad”.
Esto también está contemplado en la futura ley, en el sentido de que pasado un año desde su entrada en vigor, si una vivienda no tiene actividad económica caducará la declaración responsable, lo cual se podrá comprobar gracias a la mencionada colaboración con el Colegio de Registradores.
La consejera confía en que la futura ley permitirá a los inspectores realizar “muchas más actas de comprobación de las que hasta ahora hacen”, y subraya que es la primera vez que Canarias cuenta con un plan de inspección anual, con unos objetivos que tiene que cumplir, y no actuar solo de oficio, con una denuncia de por medio. EFE
