La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto (2d), presidió este jueves la Comisión Técnica de la Memoria Histórica. EFE/Miguel Barreto

Acuerdo para crear una norma que regule la base de datos de ADN de personas represaliadas

Santa Cruz de Tenerife, (EFE).- La comisión técnica de la memoria histórica de Canarias ha acordado este jueves crear una norma para regular la base de datos de ADN de todas las personas que han hecho aportaciones de familiares de represaliados desaparecidos, ha indicado la consejera de Justicia, Nieves Lady Barreto.

Al término de la reunión de la comisión técnica, la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha destacado que se dan pasos para conseguir, junto a las asociaciones de memoria histórica, “dar luz y justicia” a una época en la que no las hubo.

Nieves Lady Barreto ha manifestado que hay que superar esa época con pasos “firmes, con seguridad, y sobre todo con dignidad”, y ha añadido que el deber del gobierno canario es “poner dignidad donde no la hubo, y justicia donde tampoco”.

Esta ha sido la primera reunión de la legislatura de esta comisión, la quinta desde que se aprobó la ley de memoria histórica, en 2018.

La comisión técnica también ha acordado este jueves declarar monumento para la memoria histórica de Canarias el templo masónico de Santa Cruz de Tenerife, y ahora la Dirección General de Patrimonio Cultural hará el procedimiento formal para que el inmueble puede llevar ese nombre y la “significación” que tiene esa designación, ha comentado la consejera.

Asimismo, ha acordado trabajar con el Cabildo de Fuerteventura para declarar lugar de utilidad pública el centro de Tecía, localidad en la que entre los años 50 y 60 del siglo pasado se utilizó un inmueble como campo de concentración para homosexuales.

La ley de memoria histórica de Canarias se aprobó el 28 de noviembre con el apoyo de CC, PSOE, PP, NC y ASG, y la oposición de Podemos, que la consideró insuficiente porque no respondía a las demandas de las asociaciones de víctimas. EFE

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