Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La antigüedad media de los centros públicos de educación infantil, primaria y especial en Canarias es de 41 años (oscila entre los 60 años de los centros de La Guancha y los 10 años de los de Puntagorda), los municipios no planifican su conservación y mantenimiento y el 67% están en estado malo o regular.
Son datos a 31 de diciembre de 2020 recopilados por la Audiencia de Cuentas en un informe de fiscalización sobre el gasto realizado por los ayuntamientos en conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros públicos entre 2016 y 2020, aunque no todos respondieron al órgano fiscalizador.
En general, según expuso el presidente de la Audiencia de Cuentas en comisión parlamentaria, Pedro Pacheco, la recopilación de la información para este informe que le pidió el Parlamento y que abarca unos 600 centros educativos, ha sido “muy latosa”.
Mucha de la información remitida es incompleta, cinco municipios no han respondido a la Audiencia de Cuentas (Artenara, Icod de Los Vinos, Pájara, Telde y Tinajo) y tampoco ha contestado el Consejo Escolar de Canarias.
La Audiencia de Cuentas concluye que los ayuntamientos no cuentan con planes ni mecanismos que permitan realizar el seguimiento y valoración del estado de conservación de las infraestructuras.
La propia Consejería de Educación ha informado a la Audiencia de Cuentas de que en la mayoría de los casos no se está llevando a cabo el mantenimiento de los centros educativos por parte de los ayuntamientos.
Eso supone que las deficiencias se convierten en necesidades de obras de mayor envergadura que son asumidas finalmente por la propia Consejería, que considera que cada ayuntamiento debería elaborar un plan de mantenimiento de los centros educativos de su titularidad.
La Audiencia de Cuentas preguntó a los equipos directivos por el estado de conservación de sus centros y la conclusión es que el 67 % están en estado malo o regular y solo una tercera parte está en buenas condiciones.
Además, el 69 % de los equipos directivos de los centros educativos considera que el ejercicio de las competencias del ayuntamiento en conservación, mantenimiento y vigilancia es mala o regular.
Además de la conservación y el mantenimiento, los ayuntamientos tienen la función de la vigilancia de los centros educativos, pero trece de ellos confirman que no la realizan: Agaete, Alajeró, Betancuria, Breña Alta, Breña Baja, Frontera, La Oliva, Los Llanos de Aridane, Mogán, Puntallana, San Andrés y Sauces, Villa de Mazo y Yaiza.
En conjunto, y con datos de 2020, los ayuntamientos gastan unos 18 euros por metro cuadrado de superficie en conservación, mantenimiento y vigilancia de los centros a su cargo, pero con una gran dispersión, que va desde los 151 euros que destina el Ayuntamiento de El Rosario a los 13 céntimos de Agaete.
A la vez, muchos municipios ejercen “competencias impropias” que corresponderían a la Consejería de educación.
Es el caso de la programación de actividades extraescolares (48 ayuntamientos), oferta educativa de 0 a 3 años en escuelas infantiles municipales (51 ayuntamientos tienen 73 escuelas con 4.993 plazas) y obras de reforma, ampliación o mejora en las infraestructuras (49 ayuntamientos).
La Audiencia de Cuentas recomienda a los ayuntamientos que planifiquen a medio y largo plazo la conservación, mantenimiento y vigilancia de las infraestructuras de los centros públicos de educación infantil, primaria y especial.
Para ello, los ayuntamientos han de contar con registros fiables de los bienes de los centros educativos y presupuestar la conservación y mantenimiento para evitar que el deterioro acabe en la necesidad de obras e inversiones mayores.
La Audiencia de Cuentas recomienda además acuerdos entre la Consejería de Educación y los municipios para que en todos ellos haya escuelas públicas de primer ciclo de infantil. EFE
