Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La falta de una ley de accesibilidad universal en Canarias es “una forma de discriminarnos”, ha dicho este viernes Miguel Ángel Déniz, presidente del consejo territorial de la ONCE.
Palabras que ha pronunciado en una comparecencia parlamentaria en la que la gerente de la Fundación Canaria para las Personas con Sordera (Funcasor), Belén Darias, también se ha referido a esa norma para decir que si no hay continuidad se pierde el tiempo.
Darias ha destacado que el problema no es solo que la actual ley, aprobada en 1995, esté obsoleta, sino que, además, no se sanciona, pues cree que con la actual norma sólo se ha puesto una sanción por incumplimiento.
Teresa Peña, de la Sociedad para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), dependiente del Cabildo de Tenerife, ha reivindicado mayor contratación por parte de las empresas porque este colectivo “aporta un talento que no pueden ignorar”, y abrir el abanico a quienes presentan un grado de discapacidad más severo.
Los tres han reclamado más agilidad en la tramitación del reconocimiento de grado de discapacidad, la expedición de un carné que acredite esta condición, así como una adecuación de los costes del servicio que prestan las entidades del tercer sector que atiende a este colectivo.
El presidente del Consejo Territorial de ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, que es secretario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), ha recordado que el proyecto de ley de accesibilidad de Canarias decayó en la anterior legislatura, por lo que ha apuntado que su aprobación es una “cuenta pendiente” para así adaptar el marco jurídico a la realidad.
La ley que está en vigor es de 1995 y por lo tanto no incluye muchos avances tecnológicos de los últimos años.
Miguel Ángel Déniz ha recordado que una vez se apruebe otra norma debe pasar un tiempo hasta que se haga lo propio con el desarrollo de su reglamento, por lo que se están perdiendo oportunidades.
El dirigente de la ONCE y de Cermi ha comentado que las cuestiones de discapacidad suelen estar en el apartado de derechos sociales, pero las personas que la tienen precisan de otras necesidades, relacionadas con el deporte o el ocio, por ejemplo.
Además, ha criticado que en Canarias se tarda en torno a dos años para tener el reconocimiento de la discapacidad, y ha pedido avances como disponer de una tarjeta para las personas con discapacidad, y así no tener que ir siempre con un dictamen técnico.
Miguel Ángel Déniz se ha referido asimismo a que muchas personas con discapacidad no tienen dependencia pero las hay que sí, y por ello es preciso avanzar en la aplicación de la ley de dependencia, así como disponer de un marco jurídico en el que se reconozca la labor de las organizaciones del tercer sector.
Belén Darias, gerente de Funcasor y vicepresidenta de Cermi, ha hecho hincapié en que es necesario disponer de una financiación estable y adecuada a los servicios que prestan las organizaciones del tercer sector, con la que, ha subrayado, en Canarias se tiene una deuda histórica.
La deuda se debe a que hay “mucha” diferencia entre el coste real del servicio y lo que las organizaciones reciben por prestarlo, y por ello proponen que “con urgencia” se incremente el precio de las plazas por día, ajustados a la realidad.
Y que en el futuro los precios se revisen antes de prestar los servicios, pues, ha comentado Belén Darias, este año se están actualizando los que se prestaron en 2022.
Por ello, Belén Darias ha insistido es que debe crearse una mesa de trabajo en la que se revisen los convenios y que a partir del próximo año se firme uno plurianual para no tener que revisar las cuantías todos los años y depender de los cambios de gobierno.
Ha reclamado que los precios se vinculen a la legislación para que no se produzcan problemas como ahora al adaptarse al incremento del salario mínimo interprofesional, por ejemplo, y también ha pedido un tratamiento adecuado del sistema de servicios porque en muchas ocasiones las entidades los prestan de forma precaria porque las subvenciones que reciben no son acordes a la realidad.
Este último problema ha llevado a que algunas entidades del tercer sector han cerrado y otras estén endeudadas, ya que han tenido que adelantar dinero sin saber si recibirían las financiación, ha dicho Belén Darias.
Ha solicitado asimismo que se adapte la normativa de acreditación de los centros, en los que en ocasiones hay listas de espera “interminables” para la atención sociosanitaria, y ha pedido más rapidez a la hora de reconocer la discapacidad, que en la provincia de Las Palmas puede llegar a los tres años.
Belén Darias ha dicho que es sorda profunda pero oye gracias a un implante cloquear, que en el archipiélago lo tienen 1.300 personas, y ha planteado que es preciso revisar las ayudas que se reciben, en función de las rentas de quienes precisan de elementos como audífonos, que pueden costar hasta 4.000 euros.
También ha pedido regular la accesibilidad en las instalaciones del Servicio Canario de la Salud, ya que se siguen atendiendo por vía telefónica, y se precisan atención por medio del lenguaje de signos en muchos casos.
Además, Belén Darias se ha referido a la necesidad de que haya un recurso de prevención del acoso escolar para las personas con discapacidad, ya que son más propensas a sufrirlo.
La responsable del área de empleo de Sinpromi, Teresa Peña, ha detallado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2022, el porcentaje de población en edad de trabajar y que está en situación inactiva en Canarias es del 26,7%, que asciende al 76% en el caso de quienes padecen alguna discapacidad.
De todos los contratos que se firmaron ese año en las islas, apenas el 0,65% los representaron personas con discapacidad.
Peña ha pedido revisar las subvenciones que se dan para la adaptación de puestos de trabajo, cuya cuantía, 1.800 euros, considera “escasa”, y no se están solicitando, lo que achaca más que a un problema de información a que se tiende a contratar a personas con un grado de discapacidad menos severo que no requiere una adaptación en el centro de trabajo.
La responsable del área de empleo de Sinpromi ha recalcado que las personas con discapacidad intelectual, con problemas de salud mental, con trastorno del espectro autista (TEA), parálisis o daño cerebral “están excluidas” del mercado laboral.
Por eso, juzga “fundamental” la metodología del empleo con apoyo, una fórmula de acompañamiento durante todo el proceso de búsqueda e inserción en el centro de trabajo.
Teresa Peña ha expresado su preocupación por que en las bases de las subvenciones para el empleo con apoyo que da el Servicio Canario de Empleo solo se contempla la financiación la fase de entrenamiento en el lugar de trabajo, con las anteriores corren a cargo de las entidades del tercer sector.
Esto ha dado lugar a que solo dos entidades hayan accedido a esas subvenciones y “muchas personas no han tenido oportunidades de empleo en este tiempo”.
Ha reclamado también reforzar los programas de apoyo individualizado, “una alternativa óptima para muchos alumnos que acaban su etapa escolar”, y divulgar su existencia entre el personal educativo y los familiares, puesto que existe “un gran desconocimiento” de los mismos.
Ha advertido de que los centros especiales de empleo, que se crearon para las personas con discapacidad con mayores dificultades de inserción, estén acogiendo a muchos alumnos que podrían encontrar un hueco en el empleo inclusivo, esto es, “en empresas ordinarias”.
También ha puesto el acento en que las entidades de empleo de personas con discapacidad cada vez reciben más peticiones de ayuda para encontrar un empleo por parte de personas con una resolución de incapacidad laboral por parte de la Seguridad Social porque reciben “una pensión muy baja” y se ven abocadas a “reanudar su actividad laboral en otro empleo”.
Por lo demás, ha pedido que se permita el acceso a la información sobre el cumplimiento de la reserva del 2% de las contrataciones establecida en las administraciones públicas, y en el caso de que las personas con discapacidad no accedan en las pruebas selectivas, que se analicen las causas y se establezcan medidas correctoras.
Ha reclamado plazas específicas para personas con discapacidad intelectual y revisar los tipos de discapacidad admitidos en las convocatorias de empleo público para incluir a personas con algún tipo de daño y/o deterioro cognitivo que conlleve dificultades de aprendizaje.
Y, por último, ha planteado la adaptación de los ciclos formativos de grado medio para que puedan acceder más alumnos con discapacidad y con necesidades especiales, y aumentar la oferta de la FP adaptada, que actualmente “es muy limitada”, con lo que “alumnos con una mayor necesidad de apoyo eligen estudiar lo que pueden, no lo que les gustaría”.
