La Laguna (Tenerife)(EFE).- La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García, han presentado este viernes el Libro Blanco de la Economía Social Canaria, que cifra en 17.000 las entidades englobadas en esta actividad económica y en 50.000 los puestos de trabajo que genera.
Solo el año pasado se firmaron 20.000 contratos para 13.000 personas.
En declaraciones a los medios de comunicación, de León ha explicado que esta publicación recoge “conclusiones negativas para el actual Gobierno”, pues desgrana que se deben “orientar mejor las políticas públicas” y la cogobernanza con la economía social, además de la necesidad de reorientar los presupuestos de 2025 para encauzar estas políticas públicas y que el desarrollo reglamentario de la ley de economía social de Canarias “se traduzca en políticas acertadas”.
La consejera ha ejemplificado como líneas a seguir las políticas públicas del Servicio Canario de Empleo en materia de economía social y ha señalado que la eficacia de las mismas se pueden medir y orientar mejor, sobre todo en materia de financiación de forma transversal con otras consejerías del Gobierno, como la de Transición Ecológica o Agricultura.
Ha incidido en que la economía social la conforman las cooperativas, los autónomos, las cofradías de pescadores, las entidades sociales culturales e incluso deportivas, cuyo trabajo en esta actividad económica es “colectivizar los servicios para tener servicios comunes que prestar además de beneficios comunes”.
El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha dicho que la economía social en Canarias “goza de muy buena salud” desde el punto de vista de la fortaleza de las entidades, pero ha apelado a conseguir más economía social ante las desigualdades y problemas de desempleo que tiene Canarias, “muy por encima de la media del territorio nacional”.
García ha elogiado la importancia de esta actividad económica, que “junto a su legítima búsqueda de un cierto margen de beneficio” tiene connotaciones de búsqueda de objetivos sociales, y ha resaltado el trabajo de las dos universidades públicas canarias a través de una metodología desplegada a nivel nacional por el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC).
Esto ha permitido comparar el impacto que generan en la economía canaria este tipo de entidades con el que se generan en el resto de la de las comunidades autónomas, que García ha detallado “está bastante en la línea nacional”.
La profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Inmaculada Galván ha explicado que la estructura y el diseño no es el mismo en todas las islas y ha precisado existe una diferencia por provincias.
En la de Santa Cruz de Tenerife hay más empresas de inserción laboral, y en islas como La Palma o El Hierro las cooperativas agrarias están ampliamente desarrolladas, mientras que en Fuerteventura y en Lanzarote tienen menos representación.
Galván ha abundado en que la ley de economía social de Canarias es de junio de 2022, al igual que la ley de cooperativas canarias, y, por lo tanto, “quizás estamos un poquito retrasados en el desarrollo jurídico” respecto a otras comunidades autónomas y se necesita un impulso y un desarrollo a nivel institucional y con apoyo de las administraciones públicas. EFE
