Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este viernes al juez que instruye el llamado “caso Mascarillas” que retire el pasaporte y obligue a comparecer una vez al mes en los Juzgados al administrador de la empresa RR7, Rayco Rubén González, acusado de una presunta estafa de cuatro millones de euros al Servicio Canario de Salud.
Esa es la petición que el Ministerio Público ha hecho ante el juez de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, después de que este citara de nuevo a González para estudiar su situación, tras haberse acogido el empresario a su derecho a guardar silencio cuando lo convocó hace unos días para que explicara como imputado su participación en los hechos que se investigan.
La nueva comparecencia ante el juez de Rayco Rubén González, que se enfrenta a cargos por estafa agravada y blanqueo de capitales, ha durado en torno a media hora.
La Fiscalía acusa a González de haber estafado al Servicio Canario de Salud tras recibir un pago de cuatro millones de euros para que importara en la primavera de 2020, en los primeros meses de la pandemia de covid-19, una partida de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegó a entregar a la sanidad pública.
El abogado de la defensa Ahmed Mohamed, ha manifestado a los periodistas, tras la comparecencia, que ha presentado documentación suficiente para demostrar el arraigo laboral, familiar y económico de Rayco Rubén González y se ha mostrado disconforme con la petición del fiscal, por entender que no era necesaria ante la actitud de su cliente, que siempre se ha presentado en el juzgado.
En concreto, este viernes, pese a que se enfrentaba a su posible ingreso en prisión, también se ha presentado, ha señalado el letrado, que, en cualquier caso, ha dicho que la nueva petición del fiscal “es más acorde con la naturaleza del delito” que se investiga.
El abogado de Rayco Rubén González ha indicado también que antes de que concluya el mes solicitará al juez que cite a declarar a su representado para que pueda explicar su intervención en el caso, aportar más documentación y requerir la comparecencia de testigos que entiende que son fundamentales para demostrar la inocencia de su cliente.
En cuanto a las nuevas imputaciones en la causa de tres familiares de Rubén González, su mujer, la madre y un primo, ha apuntado que cree que se decretará su sobreseimiento inmediato porque no existen elementos que les impliquen o les conecten.
En cuanto a los cuatro millones de euros que se le abonaron para adquirir las mascarillas, el abogado ha informado de que su cliente explicará debidamente al instructor lo ocurrido con el dinero cuando declare.
En el “caso Mascarillas” se trata de esclarecer una estafa agravada que supuestamente cometió el administrador de RR7 United Limited, Rayco Rubén González, en perjuicio de la sanidad pública, así como las irregularidades en que pudo incurrir el director del SCS, Conrado Domínguez, y la directora general de Recursos Económicos de ese organismo en aquellas fechas, Ana María Pérez.
El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, cuestiona que una empresa sin experiencia en la importación de material sanitario, como era RR7 United Limited, con un capital social de solo 3.000 euros, se hiciera con un contrato de suministro a los hospitales públicos de Canarias por un importe de cuatro millones que fueron pagados por adelantado en mayo de 2020.
El instructor del “caso Mascarillas” investiga también al director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, y a la exdirectora de Recursos Económicos Ana María Pérez, como presuntos autores de delitos de prevaricación y de tráfico de influencias. EFE
