El Gobierno canario estudia cómo responder a la protección jurídica del monumento a Franco

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias estudian junto con la Secretaría de Estado de Memoria Histórica del Ministerio de Presidencia las actuaciones administrativas y jurídicas a emprender ante la decisión del TSJC de proceder a la protección cautelar del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo ha indicado este miércoles el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, quien en declaraciones a los periodistas en la capital tinerfeña se ha referido a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de protección cautelar del monumento situado en Santa Cruz de Tenerife.

Dicha protección se adopta por el TSJC hasta tanto no se resuelva el recurso presentado por una asociación contra la resolución del Cabildo de Tenerife denegar la incoación de un expediente de declaración de bien de interés cultural (BIC) del monumento.

Para el viceconsejero de Cultura, es evidente que existe una estrategia para dilatar y retrasar un mandato legal y, por lo tanto no se trata de una cuestión política, sino de un imperativo emanado de las leyes estatal y autonómica de la Memoria Histórica.

Juan Márquez ha añadido que el Gobierno de Canarias está comprometido con la reparación moral de las víctimas y ello conlleva «evidentemente» entre las acciones al efecto la retirada de los vestigios franquistas.

Al respecto, ha aludido al catálogo aprobado en este ámbito por el que se insta al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a retirar vestigios de la dictadura y obviamente, entre ellos el monumento a Franco diseñado por el escultor Juan de Ávalos.

Sobre esta escultura «hay todo tipo de documentación escrita y audiovisual que certifica que se trata de un monumento al dictador y, por lo tanto, cuesta leer en una sentencia que dicha monumento no contiene simbología franquista», ha lamentado el viceconsejero, para quien «esto no tiene ningún sentido».

Ha añadido que el Gobierno regional explorará todas las acciones administrativas y jurídicas que permitan continuar con el cumplimiento de las leyes de Memoria Histórica porque, ha proseguido, es inaudito y una anomalía en términos democráticos no sólo en España, sino en cualquier país europeo, que haya todavía en las calles un monumento a un dictador fascista.

A la espera de la respuesta del Cabildo de Tenerife, ya se han puesto en contacto los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad con la Secretaría de Estado del Ministerio de Presidencia para analizar la situación «y a partir de ahí ver cómo podemos actuar».

Juan Márquez ha reiterado que esta situación «empobrece nuestra democracia» porque «nos estamos jugando la construcción de una memoria colectiva» en la que se sustentan los valores democráticos y por tanto «todos los poderes del Estado deben estar comprometidos con lo que es un imperativo legal». EFE