El TSJC tratará de extender a las demás islas el Juzgado de Violencia contra la Infancia

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias se propone mantener el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia que de manera experimental se puso en marcha hace un año en Las Palmas de Gran Canaria, el primero de España, y extenderlo al resto de islas, ante su éxito en la atención a las víctimas y en sacarlas cuanto antes del proceso.

En su intervención con motivo de la presentación de la guía de actuación tras el primer año de funcionamiento de este órgano, el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo Bragado, ha destacado la importancia de la especialización y de la atención integral y humanizada a estas víctimas, como se abordan en este Juzgado, que ha conseguido recabar el material probatorio de los 361 casos que ha atendido desde que se creó en una media de 13 días.

Lorenzo Bragado ha recalcado que el Juzgado se ha convertido en referente nacional e incluso internacional, por los medios de que dispone y su modo de proceder.

Su titular, Tomás Martín, ha abogado por que, al menos, este modo de funcionamiento se traslade a los demás juzgados de Instrucción para no operar «por debajo de los niveles en los que no se debe trabajar» con los niños y adolescentes dada su vulnerabilidad, ya que es consciente de que los medios materiales con los que trabaja su juzgado especializado no se pueden hacer extensivos al resto.

Martín ha dicho que si no se tiene capacidad para «arrancar» con estos juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en el resto de los partidos judiciales de Canarias, porque la legislación va con retraso y por la crisis económica, entiende que sí es posible desenvolverse de un «modo más humano» y ofreciendo mayor atención a estas víctimas.

En declaraciones a EFE, Martín ha manifestado que las causas con menores deben tener un carácter preferente, como ya ocurre con los casos con presos, y hay que apartar a la víctima cuanto antes del proceso, para que esta sea atendida por el juzgado no solo como una diligencia probatoria, sino que el órgano judicial de respuesta a sus necesidades como prevé la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Así mismo, ha indicado que las diligencias con menores se deben señalar a primera hora del día, que se ha de evitar cualquier clase de confrontación visual con el inculpado, lo cual cree que es «fácil de conseguir con un mínimo de coordinación», y establecer los necesarios cauces de coordinación con los recursos sociales, sanitarios y la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia para optimizar los medios de que se disponen.

Imagen de diferentes elementos con los que cuenta el Juzgado para facilitar la comunicación con los menores. EFE/Ángel Medina G.

«Muchas veces faltan recursos pero también en otras muchas lo que no hay es una adecuada optimización de los que existen», ha recalcado el magistrado.

Martín ha manifestado que estas pautas se recogen en la memoria que ha elaborado el juzgado que dirige tras el primer año desde su puesta en marcha, así como en la guía de actuación, que no es otra cosa que «un modelo de trabajo para que se distribuya entre el resto de partidos judiciales».

En cuanto a la labor llevada a cabo por su juzgado, ha destacado que se ha logrado introducir muchos criterios científicos para «preparar el mejor material probatorio» a lo largo de este primer año, en el que han atendido 361 casos, muchos más de los previstos debido a la labor informativa llevada a cabo en los centros escolares por agentes de las fuerzas de seguridad, que ha permitido aflorar más incidencias, y por la coordinación con las áreas de servicios sociales.

Ha destacado también como avance el disponer de pulseras medidoras de frecuencia cardíaca y de estrés en la toma de declaración de los menores.

Martín ha hecho hincapié también en que se pueda elaborar una sola prueba constituida al día, dado el esfuerzo que requiere, no solo por parte de la víctima sino de todos los profesionales implicados.

El magistrado ha reconocido el esfuerzo del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria para crear una unidad especial y la importancia de contar con un grupo de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que se encarga de evaluar el proyecto.

El consejero de Justicia, Julio Pérez, ha trasladado su felicitación al magistrado y a todo el equipo del Juzgado, cuyos medios materiales ha financiado la Comunidad Autónoma, por la «calidad» del trabajo desempeñado para «humanizar la Justicia» y que los menores puedan declarar en un entorno adaptado para reducir en la medida de lo posible el daño que se les ha causado y evitar que vuelvan a ser victimizados. EFE