La Audiencia Cuentas sospecha que el Gobierno de Canarias fracciona los contratos

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- La Audiencia de Cuentas de Canarias cree que la Comunidad Autónoma y sus sociedades mercantiles pudieran utilizar el fraccionamiento en determinadas contrataciones, vulnerando así los requisitos de publicidad y los procedimientos de adjudicación establecidos.

«Se observan repeticiones mensuales en objeto, importe y adjudicatario», reiteraciones que pudieran «dar la figura del fraccionamiento en determinadas contrataciones», expone la Audiencia de Cuentas en dos informes de fiscalización de contratos públicos, uno de ellos sobre la administración autonómica en el ejercicio de 2019 y otro sobre sus sociedades y empresas públicas de 2020.

Aunque la Audiencia de Cuentas expresa finalmente una opinión «favorable con salvedades» en ambos informes, estas prácticas de contratación muestran «una falta de planificación en las contrataciones recurrentes», según expuso en comisión parlamentaria el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco.

En el informe se señala que «pudiera» haber fraccionamiento en contratos menores, los que no superan los 15.000 euros cada uno, y evitar así el procedimiento abierto.

Pero «no se puede afirmar de forma taxativa» que sea así, porque no se han analizado los expedientes concretos, matizó Pedro Pacheco ante las críticas de la portavoz de Nueva Canarias, Esther González, por su ambigüedad.

El fraccionamiento «o existe o no existe», dijo Esther González para descalificar expresiones equívocas como «pudiera haber fraccionamiento».

Con esa manera de expresarse «siembran la duda» pero no afirman nada, es como «tirar la piedra y esconder la mano», le reprochó la portavoz de NC al presidente de la Audiencia de Cuentas.

En su informe, la Audiencia de Cuentas localiza 408 contrataciones menores de servicios por importes cercanos al límite de los 15.000 euros, 6,4 millones de euros.

Hay además tres contratos de servicios realizados por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en los que se supera ese límite «sin que se tenga constancia de que se haya realizado procedimiento de contratación alguno, por lo que estarían incursos de causa de nulidad de pleno derecho por omisión total y absoluta del procedimiento legalmente establecido», denuncia la Audiencia de Cuentas.

El informe establece además que el Gobierno de Canarias incumple sus resoluciones y medidas para el uso eficiente de los recursos públicos, aprobadas en 2016, en particular las referentes a la centralización de compras de material informático y de oficina.

En el caso del informe sobre la contratación autonómica en 2019, la Audiencia indica que cais el 82% de las relaciones anuales de contratos le fueron remitidas fuera del plazo.

En ese ejercicio se realizaron 5.451 contrataciones (5.117 de ellos contratos menores) por un valor de 330,9 millones de euros, de los cuales 176,2 millones fueron contratos de obras y 134,7 millones de servicios.

Por procedimiento de adjudicación, los contratos por procedimiento abierto alcanzaron los 285,8 millones de euros.

En cuanto a las 21 sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales del Gobierno de Canarias, únicamente seis facilitaron en plazo la información de 2020 a la Audiencia de Cuentas y en general con una ausencia de homogeneidad y uniformidad que dificulta el análisis de las 12.413 licitaciones y adjudicaciones directas realizadas, por un importe de 285 millones de euros. EFE

acp/rdg