El Parlamento avala el dictamen de la Renta Canaria de Ciudadanía para «romper las barreras» de la PCI

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los grupos del Parlamento de Canarias han aprobado este viernes por unanimidad el dictamen sobre el proyecto de ley de Renta Canaria de Ciudadanía, que pretende «romper las barreras» de la prestación canaria de inserción, a la que sustituye, para llegar a más personas, sin límite de tiempo de percepción y compatible con otras prestaciones no contributivas.

El dictamen, que ahora pasará a pleno, ha sido ratificado en la comisión de derechos sociales del Parlamento de Canarias, en la que todos los grupos han coincidido en alabar el consenso que ha suscitado el texto y que se ha traducido en cuestiones como la de cambiar el nombre inicial de «renta ciudadana» por el de «renta canaria de ciudadanía».

Por el grupo Popular el diputado Hipólito Suárez ha aludido al trabajo «serio y riguroso» para elaborar el dictamen, en el que han prevalecido «las ganas de unidad para un texto con el que nos identificamos todos para ayudar a las personas que peor lo están pasando».

El parlamentario se ha congratulado de que los grupos que apoyan al Gobierno han aceptado un 80 por ciento de las enmiendas presentadas por el PP, que mantiene para pleno una en la que pide garantizar el presupuesto para que cada municipio tenga como mínimo un trabajador social para aplicar la ley, y que este número sea de cinco en localidades con más de 100.000 habitantes.

Cristina Valido, del grupo Nacionalista Canario, ha subrayado su interés en «no entorpecer ni poner problemas con un trabajo de máxima colaboración para que la ley salga adelante», pero ha objetado uno de los ejes principales de la norma, la consideración de la unidad de convivencia como núcleo central sobre el cual pivota el diagnóstico del trabajador social para determinar si una persona tiene derecho o no a la renta.

Ello puede motivar que se excluya de la renta a un solicitante porque convive con sus padres o suegros y éstos son los propietarios de un inmueble gracias a toda una vida de ahorros, ha alertado la parlamentaria.

Tampoco entiende la diputada nacionalista el que se haya rechazado una enmienda en la que pedía aceptar la posibilidad de que los solicitantes efectuasen los trámites de forma tradicional, sobre lo que ha recordado «la brecha digital» que provoca que en Canarias ha llevado a muchas familias a quedar fuera del ingreso mínimo vital, al exigir este trámite el acceso únicamente por vía telemática.

El diputado de Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos ha considerado que en este dictamen se ha antepuesto a las personas sobre la ideología con el fin de llegar al mayor número posible de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, y además se proporciona a los ayuntamientos «una herramienta importantísima».

Ramos ha pedido un último esfuerzo para minimizar la posibilidad de que alguien se quede fuera por una mala interpretación del texto, o porque los trabajadores sociales crean que una persona tiene circunstancias mejores de las que realmente posee, pues la cuestión es, ha subrayado el parlamentario, que se trata de dar «otro enfoque a la inclusión social en Canarias».

La presidenta del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias, María del Río, ha indicado que no se trata de la ley «que todos querríamos, pero es la que más se parece» a un texto que debe ser «el camino hacia la plena inclusión social», y que acabará con 15 años de prestación canaria de inserción para avanzar en este ámbito.

«Es un paso más, cualitativo, pero no es la meta», ha apostillado María del Río, quien no obstante ha elogiado medidas como la de hacer complementaria la percepción de la renta con un trabajo, de manera que los perceptores no tendrán que optar a «medir» las horas de un empleo por el riesgo de perder la ayuda.

Carmen Hernández, de Nueva Canarias, ha considerado que este texto es «histórico» porque inicia el camino que Canarias debió emprender hace tiempo para favorecer la cohesión social, pues ahora se ha suscitado el consenso que no había antes para una renta ciudadana «en el peor momento socio-económico» y que supondrá «un esfuerzo económico muy importante, millonario».

Hernández ha subrayado que la ley establecerá incentivos para el empleo y la inclusión laboral de los perceptores y que introduce nuevas coberturas, como la renta para jóvenes extutelados que, ha advertido, no equivale a una renta de emancipación, sino que se otorgará a jóvenes que carecen de una red familiar de apoyo.

Por el grupo Socialista David Godoy ha considerado que la PCI se ha quedado «atrás» con el paso del tiempo y ahora, con la nueva renta canaria, «se romperán barreras para que un mayor número de canarios puedan acceder» a esta nueva ayuda, que introduce cambios «sustanciales» y brinda «un enorme apoyo» a los ayuntamientos.

Godoy no ha compartido las críticas del grupo Nacionalista respecto a la unidad de convivencia, pues entiende que es el núcleo esencial de la ley al mirar «más allá de un solo miembro» de la familia, y al establecer excepciones cuando los trabajadores sociales lo consideren pertinente para evitar que haya personas que queden fuera de la ayuda.

Por el mismo grupo la diputada Teresa Cruz ha sostenido que se trata de proporcionar «un arma potente» al alcance de la ciudadanía porque, ha puntualizado, el Parlamento de Canarias no va a aprobar una renta universal, sino una que garantiza el que se puedan superar situaciones de pobreza vinculada a la unidad de convivencia. EFE