Puerto del Rosario (Fuerteventura) (EFE).- La Fiscalía ha reducido la petición de pena para el viceconsejero regional de Economía, Blas Acosta (PSOE), a un año y nueve meses de cárcel por un delito de administración desleal durante el tiempo en el que actuó como administrador único de la empresa municipal de Pájara Gesturpa.
El fiscal, Tomás Fernández de Paiz, ha anunciado en la segunda sesión del juicio que retiraba la acusación por insolvencia punible, ya que la reforma del Código Penal de 2015 no ampara este delito para los hechos por los que se ha juzgado a Blas Acosta.
En el escrito de acusación provisional, el Ministerio Fiscal solicitaba cuatro años y tres meses de prisión para Acosta. En concreto, se pedía un año y nueve meses de prisión por un delito de administración desleal y una condena de dos años y seis meses de cárcel por un delito de insolvencia punible.
Durante su declaración, el viceconsejero de Economía del Gobierno canario se ha negado a responder a las preguntas del fiscal y solo ha aceptado las preguntas de su abogada, María Rosa Díaz Bertrana.
Blas Acosta, que fue administrador único de Gesturpa de 2011 a 2014, ha explicado que esta era “una empresa de carácter social que se dedicaba a la promoción de vivienda pública de 2003 a 2014”, periodo en el que se gestionaron 397 viviendas para “personas que tenían derecho a una vivienda de protección oficial”.
Blas Acosta ha asegurado que durante las juntas de los años 2012, 2013 y 2014 puso en conocimiento del Ayuntamiento de Pájara que Gesturpa estaba en “cauce de disolución”.
El escrito de acusación sostiene que el 27 de marzo la empresa administrada por Blas Acosta solicitó un préstamo con el Ayuntamiento de Pájara por valor de 1,7 millones de euros “con conocimiento de que nunca la entidad podría devolverlo, dada su evidente falta de viabilidad económica”.
El expresidente del Cabildo majorero y líder de los socialistas en Fuerteventura ha declarado ante la magistrada Alicia María Buendía que “jamás se firmó ningún préstamo ni entró un céntimo en condición de préstamo en la cuenta de Gesturpa”.
Otro de los supuestos delitos que la Fiscalía atribuye a Acosta consiste en el abono en 2012 de 897.270 euros a una empresa, Mahlec Mantenimientos, “por cuenta de un tercero”, al que “luego nunca le reclamó el pago”. También resalta el escrito que la factura se había generado seis años antes, en 2006, y que no estaba “contabilizada” por parte de la empresa pública del Ayuntamiento de Pájara.
A la pregunta de su abogada, Acosta ha asegurado que “no es real” y ha explicado que se trata de una obra que encarga el Ayuntamiento y es Gesturpa quien encarga el proyecto de alumbrado de toda la zona de Cañada del Río, donde existen cuatro urbanizaciones, y el Ayuntamiento quien abona la factura, y no Gesturpa, que “nunca paga un céntimo de euro en esa factura”.
Por su parte, el fiscal ha insistido en que Gesturpa SL era una sociedad “exclusivamente mercantil” con un socio único, el Ayuntamiento de Pájara, y, como tal, “tiene que cumplir con los requisitos mercantiles”.
Asimismo, ha recordado que entre 2011 y 2014 las pérdidas se cifraban en más de dos millones de euros, unas “cuentas llenas de salvedades y que no cumplen con una imagen fiel”.
La abogada de la defensa ha pedido la libre absolución de su cliente, al considerar que Acosta “no ha realizado ninguna conducta punible”, tal y como manifestaron los peritos en sede judicial, “ni ningún prejuicio en el patrimonio administrado” por parte del socialista.
El juicio ha quedado este miércoles visto para sentencia.
A la salida de los juzgados, Blas Acosta ha asegurado a los periodistas que “siempre” se ha actuado en la administración de Gesturpa “conforme a la normativa vigente y jamás se ha producido ningún quebranto a la empresa”.
A su juicio, ha quedado “perfectamente” argumentada la gestión de Gesturpa y del Ayuntamiento de Pájara y “tanto el perito judicial como auditor de cuentas, abogado liquidador y la pericia han manifestado que no se ha producido ningún quebranto en Gesturpa”. EFE
