La presidenta del Observatorio contra la Violencia Machista ve necesario cambiar las penas de las leyes vigentes para actuar con contundencia contra los maltratadores

Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- La presidenta del Observatorio contra la Violencia Machista del Consejo General de Poder Judicial, María de los Ángeles Carmona, ve necesario modificar «el elenco de penas de la legislación vigente para que, ni en los máximos ni en los mínimos, puedan revisarse sentencias y que los maltratadores y delincuentes sexuales «sepan que en España se va a actuar con toda la contundencia» contra ellos.

Así lo ha manifestado este miércoles antes de intervenir en el congreso «Justicia y sostenibilidad democrática: la respuesta contra la violencia de género», en cuya clausura participará este viernes con una ponencia el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Preguntada por la enmienda que el Gobierno ha incorporado a la exposición de motivos de la reforma del Código Penal para intentar clarificar la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, popularmente conocida como la ley del sólo sí es sí, Carmona ha dicho que el informe previo que el CGPJ hizo a ese anteproyecto de ley «ya advirtió de que era posible lo que realmente está pasando: una rebaja por la revisión de sentencias como consecuencia de la aplicación de la ley penal más favorable al condenado».

«Entendemos que esta reforma es necesaria. Veremos, sin duda, en los próximos días cómo acaba reflejada en el Código Penal, pero eso no va a evitar que los tribunales sigan aplicando la ley, concretamente, la ley penal más favorable con carácter retroactivo», ha advertido.

Aunque el CGPJ aún no ha analizado las enmiendas a esta reforma legal, Carmona ha expresado la esperanza que tienen los juristas de que «esa reforma legislativa haga que los jueces puedan aplicar la ley de manera correcta y que se pueda proteger a las mujeres de este delito tan grave, que constituye un atentado contra los derechos humanos».

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Machista del CGPJ, María de los Ángeles Carmona, ha asegurado que España es uno de los países más avanzados del mundo en la lucha contra la violencia machista y ha explicado que el repunte del 10 % que han registrado las denuncias sobre estos hechos en el último trimestre tiene una doble lectura.

Por un lado, indica «que hay que seguir insistiendo en que esto es una lacra que continua y no podemos bajar la guardia» y, por otro lado, «es un indicador positivo en el sentido de que se está denunciando un delito que estaba silenciado», de ahí que haya que subrayar que «la denuncia resulta importantísima para poder llegar a proteger a las víctimas y a sus hijos y también para evitar la inmunidad de los maltratadores».

«El dato del aumento de las denuncias es positivo. Es necesaria la denuncia, no solo por parte de la víctima, sino por su entorno y las instituciones que tengan conocimiento de un maltrato», ha aseverado, al tiempo que ha admitido que la existencia de mujeres que no quieren denunciar o que se acogen a su derecho a no declarar «es una de las grandes preocupaciones de las personas que trabajan en el ámbito judicial».

«Tienen que estar informadas, tienen que saber que denunciando van a ser protegidas. En nuestro país las medidas de protección son cada vez más eficaces, se están utilizando muchas herramientas, tanto cautelares como las propias órdenes de protección. Tenemos contabilizadas 546.000 órdenes de protección impuestas por jueces en los últimos veinte años», ha referido.

En la ponencia que ha ofrecido en la jornada inaugural de este congreso, Carmona ha destacado la «credibilidad» internacional de la que gozan los datos oficiales que difunde el Observatorio que preside y ha recalcado que la perspectiva de género en favor de la que trabaja desde su creación, en 2002, ya es objeto de estudio en numerosos países, a cuyos idiomas se han traducido sentencias tan conocidas como la de «La Manada» o la emitida tras el asesinato de Diana Quer, por la que se impuso una pena de prisión permanente revisable a su autor, José Enrique Abuín.

Aunque el reto del Observatorio sigue siendo que en España haya cada vez más jueces especializados en violencia machista, Carmona ha recalcado que todos los que quieren acceder a una especialidad hacen previamente un curso sobre perspectiva de género, lo que propicia que en este país se valore «correctamente» el riesgo que puede correr la víctima, es decir, que «se salven vidas a diario».

María de los Ángeles Carmona ha sido tajante al afirmar que en España «los jueces no aplican una justicia matriarcal» porque «no hay machismo en la carrera judicial».

Además, al analizar los datos recopilados en sus veinte años de vida por el Observatorio que preside, ha asegurado que el 80 % de las mujeres asesinadas en este país a manos de hombres «no había denunciado nunca a su maltratador», de ahí que haya valorado el esfuerzo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los sanitarios y el entorno de las víctimas a la hora de dar a conocer posibles casos de maltrato a los órganos competentes, ya que ello permite que se investigue la posible comisión de estos delitos.

Carmona ha resaltado que solo en el primer trimestre de este año se incrementaron en un 600 % las medidas de protección adoptadas para garantizar la integridad de hijos de víctimas de violencia machista y ha detallado también que el 80 % de las muertes por violencia machista han sido consideradas asesinatos en sus respectivas sentencias, al apreciarse en ellas la «alevosía de género o convivencial».

También ha querido contrarrestar «falsos mitos o creencias» que se difunden en torno a este fenómeno al afirmar que la mayoría de los maltratadores y de las víctimas de la violencia machista «son españoles», además de recalcar que ellos «no están locos ni son enfermos» en la práctica totalidad de los casos, sino que cometen estos hechos «con plenas facultades mentales».

Carmona ha aseverado también, en referencia a los casos de violencia sexual que también estudia el Observatorio, que en 2020 casi en el 70 % de las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo sobre hechos de este tipo «la víctima era menor de edad y el 30 % mujeres». EFE