Las Palmas de Gran Canaria, 16 sep (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), José Luis Lorenzo Bragado, ha advertido este viernes de que la “injustificada” imagen negativa que el ciudadano tiene sobre la Justicia y su independencia puede llevar “a la huida de la ley, que es tanto como la quiebra del Estado de Derecho”.
En el acto de apertura del año judicial en Canarias, Lorenzo ha pedido “sensatez” a las fuerzas políticas en relación a la “inaplazable renovación” del Consejo General del Poder Judicial, y también “al respeto de las resoluciones judiciales y de su cumplimiento, porque, en definitiva, eso es el Estado de Derecho”.
A juicio de Lorenzo, la discordancia existente entre la percepción que tiene la ciudadanía y la carrera judicial sobre el funcionamiento de la Justicia, tal y como reflejan encuestas recientes, “evidencia el deterioro del Estado de Derecho”.
Aunque la ha considerado injustificada, el presidente del TSJC ha advertido de que esta mala imagen “puede trasladarse a la realidad, materializándose en el fenómeno de la huida de la ley, que es tanto como la quiebra del Estado de derecho”, de ahí que haya confiado en que “se imponga la sensatez” y que “quienes se dedican a la política y, especialmente, quienes ostentan responsabilidades públicas, sean exquisitos en el respeto de la independencia judicial y escrupulosos con el principio de separación de poderes”.
“Solo así volverá la confianza de los ciudadanos en la Justicia, piedra angular del sistema democrático”, ha aseverado al término de su intervención.
Mientras el fiscal superior de Canarias por sustitución, Vicente Garrido, ha manifestado, sobre la evolución de la criminalidad en las islas en 2021 en relación a 2020, que la “tónica” ha sido la “estabilidad” en la comisión de delitos, Lorenzo ha subrayado que tanto los datos del pasado año como los del primer trimestre de 2022 vuelven a constatar que esta comunidad autónoma española donde más se litiga.
Y es que durante el pasado año en Canarias se registraron 171 pleitos por cada 1.000 habitantes, casi 39 puntos por encima de la media nacional, mientras que de enero a marzo de 2022 se ha confirmado, ha dicho, la alta tasa de litigiosidad de la región, que ha seguido siendo la más elevada de España, con un repunte del 16 % en pleitos civiles.
“La buena noticia es que han disminuido en un 23 % los asuntos penales”, ha referido el presidente del TSJC, quien, de cara a los ciudadanos, ha reclamado “una Justicia pronta, sin dilaciones indebidas”, para lo que, en su opinión, “es necesario un cambio de mentalidad”, porque “no hace falta judicializar muchos de los asuntos que se acumulan en los juzgados” isleños, sino “promover la cultura del acuerdo, en definitiva, los medios adecuados de solución de conflictos”.
Lorenzo también estima que “hacen falta más medios personales y materiales, reformas procesales y organizativas” y ha confiado en que “vean la luz las tres leyes que necesita una Justicia del siglo XXI: las leyes de eficiencia procesal, digital y organizativa, actualmente en trámite”.
Entre los objetivos para el año judicial inaugurado este viernes, el presidente del TSJC ha citado la solicitud de medidas de refuerzo y creación de nuevas plazas “cuando esté justificado” en los partidos judiciales más colapsados de la región, entre los que ha citado los de Granadilla de Abona, en Tenerife, y San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria.
La planta judicial en Canarias se completará este año con dos plazas de magistrado, una para cada una de las dos audiencias provinciales, en las secciones civiles, ha anunciado Lorenzo, quien, no obstante, ha dicho que seguirá reclamando la creación de más plazas, en especial de jueces de adscripción territorial “para atender la sustituciones de larga duración que se acumulan en este territorio y para las que deben existir suficientes jueces de esta clase”.
Impulsar la solución de los problemas de infraestructuras, para lo que avanzan por buen camino tanto el proyecto de Ciudad de la Justicia para Santa Cruz de Tenerife como el nuevo edificio de los juzgados de Puerto del Rosario, contribuir a la implantación definitiva del expediente judicial electrónico y modernizar la gestión del TSJC son otros retos para este nuevo año judicial.
Ademas, Lorenzo Bragado ha confiando en que este año se formalice el convenio que permitirá crear en Canarias un centro permanente de formación y estudios en materia de inmigración y derechos humanos, como ya se planteó en el año 2010. EFE
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