Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Los gobiernos de España y de Canarias han constituido una mesa de trabajo para analizar la posibilidad de establecer obligaciones de servicio público (OSP) en determinadas conexiones aéreas con la península “o cualquier otra fórmula” para combatir el incremento de precios de los billetes.
Unos aumentos que no son homogéneos en todas las rutas, ha destacado el consejero regional de Transportes, Sebastián Franquis, tras reunirse con la secretaria general de Transportes y Movilidad del Ministerio, María José Rallo, y el director general de Transporte Terrestre, Jaime Marrero.
Según datos de la administración central, el incremento de precios de los billetes de avión hasta el pasado octubre fue del 18% para los residentes y del 19% para los no residentes, con “picos” superiores en verano y con vistas a la campaña navideña.
Esos “picos”, ha explicado Franquis, se producen especialmente en los vuelos entre Tenerife y Barcelona, en menor medida entre las dos islas capitalinas y Madrid, mientras que los que conectan Lanzarote con la capital de España se han reducido, ha detallado el consejero.
Ha indicado que el Ministerio de Transportes es “de los más interesados” en corregir esta tendencia porque es quien paga la bonificación del 75% de los vuelos a residentes, aunque a la vez le preocupa, y en eso coincide el Gobierno de Canarias, en que la medida que se adopte provoque una reducción de la oferta de plazas.
Franquis espera que el grupo de trabajo llegue a conclusiones “en las próximas semanas”, pero antes el Gobierno de Canarias convocará a las aerolíneas para trasladarles su “preocupación” y analizar el encarecimiento de los billetes, que se suele producir en mayor medida con las reservas de última hora.
El consejero ha insistido en que cualquiera que sea la medida que se adopte deberá ser “equilibrada”, porque una eventual pérdida de plazas sería “preocupante”. EFE
