Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la condena de once años de cárcel impuesta a uno de los jefes de la organización que fletó desde Mauritania un cayuco en el que perecieron de sed cuatro personas, tras quedarse a la deriva en el Atlántico durante 19 días.
En este caso, la Policía española pudo identificar y solicitar a Mauritania la detención y extradición del procesado, Sidi K., gracias a los datos obtenidos del móvil del menor al que habían puesto al frente del cayuco, como patrón de la embarcación.
La tragedia de ese cayuco se descubrió en las primeras semanas de la reactivación de la Ruta Canaria, el 28 de octubre de 2019, a unos 607 kilómetros al sur de Gran Canaria, cuando un petrolero de bandera noruega avistó una embarcación a la deriva en océano abierto y dio aviso a las autoridades españolas (la zona internacional de rescate asignada a España llega desde Canarias hasta casi Nuabibú).
Como un barco de socorro iba a tardar muchas horas en llegar desde Canarias, los centros de coordinación de Salvamento de Las Palmas y de Rabat pidieron ayuda a mercantes en la zona, en una petición que fue atendida por el Bluebird, un petrolero de Singapur que recogió a los 31 supervivientes y dos cadáveres que había a bordo de la barca.
Los supervivientes, dos de ellos menores, estaban tan exhaustos, que dos de ellos murieron en la cubierta de petrolero. Llevaban en ese momento 19 días en el mar, cuando lo habitual es que se hubieran preparado para una travesía de una semana como mucho, ya que partieron desde Nuadibú, ciudad del norte de Mauritania situada a unos 800 kilómetros de navegación del sur de Gran Canaria.
Después de que el Bluebird desembarcara a los supervivientes en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, la Policía española detuvo al patrón de la barca, un joven que luego resultó ser menor de edad.
Pero el volcado de la información que guardaba en su teléfono resultó clave para descubrir que al chico lo dirigían desde Mauritania Sidi K. y otro individuo al que no se pudo identificar que respondía al apodo de “Bonsoir”, según relata la sentencia.
El procesado impugnó ante el TSJC la condena que le impuso la Audiencia de Las Palmas cuestionando precisamente esa prueba, porque sostenía que el volcado de datos del móvil del patrón del cayuco fue irregular y vulneró sus derechos fundamentales.
La Sala de lo Penal del TSJC le responde que fue un procedimiento supervisado por el juez instructor y que una vez obtenida la información sobre los contactos del patrón, todas las indagaciones que se hicieron después respetaron la ley.
Además, recuerda que su defensa no recurrió durante la instrucción ni una de las resoluciones que le afectaban, ni siquiera la relativa su extradición desde Mauritania a España.
El TSJC considera suficientemente probado que Sidi K. “organiza el tráfico de seres humanos, pone en peligro sus vidas y se lucra con ello”, por lo que confirma su condena a siete años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y a cuatro años más por cuatro homicidios (a razón de doce meses por muerte). EFE
