Torres: No es aceptable que poder judicial le diga al Congreso si puede legislar

Las Palmas de Gran Canaria, 16 dic (EFE).- El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), ha declarado este viernes que hay que defender «absolutamente» la separación de poderes y que, por tanto, «no es aceptable» que ningún juez le diga a un político si puede legislar o no en el Congreso de los Diputados.

Así se ha pronunciado Torres en declaraciones a los medios en relación al recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular contra el uso de la vía de la enmienda por parte del Gobierno para la reforma del sistema de elección de los magistrados del TC por parte del CGPJ.

«Tengo que lamentar el espectáculo bochornoso que vimos ayer de quienes no consiguen las mayorías y que siempre acusan a las mayorías legítimas. Este es un país democrático centrado, conseguido después de 40 años de dictadura, pero hay quien parece que lo que pretende es que se vuelvan a los años oscuros donde había totalitarismo y una única voz», ha lamentado Ángel Víctor Torres.

«De la misma manera que no es aceptable ni legal que ningún político le diga a un juez lo que tiene que hacer, tampoco cabe que sea lo contrario. No cabe que el poder judicial le diga al Congreso de los Diputados lo que tiene que hacer para legislar o modificar una ley y llevarla a votación para que la mayoría decida», ha apostillado.

El presidente canario ha señalado que las leyes tienen siempre que cumplir claramente con la Constitución y que para eso cualquier modificación legislativa lleva consigo un informe jurídico de los funcionarios pertinentes que avalan su legalidad.

La voz que prevalece, ha esgrimido Torres, es la de la mayoría de los españoles que están representados por una mayoría en el Congreso de los Diputados, ha insistido el presidente autonómico.

Así, ha señalado que «por supuesto que hay mecanismos jurídicos diversos y de control por si una ley tiene que ser modificada por no cumplir con la Constitución», pero hacerlo previamente, ha apuntado, es impedir el legítimo derecho de la ciudadanía española que ha elegido a sus representantes en las Cortes, «quienes son en este caso los que deben ejercer su legítimo derecho a votar», ha concluido. EFE