Santoña (Cantabria), 2 sep (EFE).- El centro penitenciario de El Dueso, en Santoña (Cantabria), contará a partir de otoño con una oficina judicial para agilizar los procedimientos que afectan a los reclusos y que, hasta el momento, gestionaban los juzgados del municipio con una carga anual estimada en unas 3.000 comunicaciones.
Los ministros del Interior y de Justicia, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Llop, respectivamente, han firmado este viernes un convenio de colaboración con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, para que la nueva dependencia sea una realidad y preste asistencia a los órganos judiciales del país en las actuaciones procesales que afecten a los internos en Cantabria, así como a los empleados públicos que tienen allí su centro de trabajo.
Se trata de un modelo de funcionamiento existente en otras comunidades autónomas como Madrid, Aragón o Navarra, aunque, en el caso de Cantabria, se verá reforzado con el soporte tecnológico de un módulo específico que facilita la gestión electrónica de los procedimientos.
El Ministerio del Interior pondrá a disposición de la comunidad -administración competente en materia de Justicia en el territorio- las dependencias y asumirá los gastos de mobiliario y los ordinarios de energía eléctrica, climatización y servicios postales.
Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a aprobar la plantilla de personal que trabajará en esta delegación, cuyas nóminas serán abonadas con cargo a las partidas presupuestarias destinadas por la Consejería cántabra de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior.
Se estima un presupuesto de 70.000 euros para sufragar los gastos de un gestor y un auxiliar administrativo.
Para el ministro del Interior, la firma del convenio prueba que los dos ministerios y la administración autonómica que lo suscriben están “comprometidos” con la mejora de la calidad del servicio que las instituciones prestan al ciudadano, en este caso “a los internos de este centro penitenciario”.
Por su parte, Llop ha considerado que estos avances ofrecen “garantías procesales a los internos y a los operadores jurídicos”, además de contribuir a una mejor protección de la víctima.
Un hecho, ha dicho, que reafirma “el compromiso con la justicia social, más cercana, accesible e igualitaria”.
El presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha declarado que la puesta en marcha de la oficina delegada es un “avance muy importante” para el servicio de la Justicia en la región, dado que propiciará una reducción de la burocracia y descongestionará el trabajo de los juzgados.
